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Nacional

CASO CANDELA RODRIGUEZ

La verdad burlada

La semana pasada, mientras Fernando Burlando se convertía en abogado de la madre de Candela Rodríguez, el gobierno de Scioli lanzaba públicamente una provocación.

Daniel Satur

29 de septiembre 2011

La semana pasada, mientras Fernando Burlando se convertía en abogado de la madre de Candela Rodríguez, el gobierno de Scioli lanzaba públicamente una provocación. El viernes 23, Día Internacional Contra la Trata de Personas, aparecieron varios spots televisivos con la leyenda “la trata de personas es prostitución, privación de la libertad, explotación infantil, corrupción de menores… Si ves o sabés algo, llamá al 911”. Una provocación, ya que no existe posibilidad alguna de que esos graves delitos (y otros como la piratería del asfalto, el narcotráfico o los secuestros) puedan realizarse sin la complicidad y la participación directa de esas mismas fuerzas que atienden del otro lado del teléfono.

Apenas conocido el caso Candela, las hipótesis más fuertes incorporaban justamente varios de esos delitos. Por eso no es casualidad que la “investigación” haya quedado en manos de la propia Bonaerense y de la Justicia de Morón, las que desde el principio manejan los hilos de una causa cada vez más turbia.

“Prácticamente esclarecido”

Con esas palabras definió Burlando la situación actual del caso. A él se sumaron, off the record, varios “investigadores” y hasta el propio ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, para quien “es probable” que ya estén detenidos los asesinos.

Por su parte, los abogados de los presos desfilan por todos los medios desmintiendo a Burlando, intentando demostrar que las pruebas con las que se imputa a la dueña de la casa de la calle Kiernan, al carpintero, al albañil, al fletero y al verdulero son insuficientes e inventadas.

En medio de estos cruces entre abogados, criminólogos y periodistas policiales la verdad aparece cada vez más inhallable. Quienes hace años investigan las relaciones entre delito, policía y política afirman que se estaría asistiendo a un intento de “cerrar una investigación criminal sin pruebas ni testigos” (R. Ragendorfer, Miradas al Sur, 25/09).

Muchos elementos abonan la idea. Uno es el gran show montado por Scioli y sus funcionarios durante los días en que Candela estuvo desaparecida, que contrasta notoriamente con el silencio al que se llamaron todos luego de que el cadáver apareciera al costado de la Avenida Vergara. “Algo falló” y por eso el gobernador tuvo que rajar y dedicarse solamente a su campaña electoral.

Otro elemento es la cantidad de testigos de “identidad reservada” que inflan el expediente. A juzgar por el testimonio del primero de ellos, quien declaró haber visto y escuchado cosas con una precisión que lo ubica en un nivel perceptivo propio de un ser sobrenatural, es de esperar que próximas declaraciones traigan sorpresas impredecibles.

Y un tercer elemento, para nada menor, es que hasta el momento ningún miembro policial aparece siquiera mencionado entre la maraña de implicados. Algo que ni siquiera es denunciado por ningún abogado de los “perejiles”, quienes confiesan (dicho sea de paso) tener vasta experiencia en patrocinar a delincuentes de todo pelaje.

Es como si todos los involucrados se hubieran puesto de acuerdo para convencernos de que es posible que se secuestre a un nena, se la tenga cautiva durante diez días en el barrio, sus captores se comuniquen con la familia, después la asesinen, la lleven a un descampado, tiren su cadáver y se hagan humo, no sin antes borrar todas las huellas… sin que ninguno de los 1.600 policías volcados a la búsqueda se haya dado cuenta de nada.

El abogado del cura del diablo

La presencia de Burlando inquieta. Este abogado de 53 años tiene una fortuna creada a partir de patrocinar a funcionarios, policías y pesados mafiosos. Su célebre intervención en el caso Cabezas, defendiendo a la banda de “Los Horneros”, lo catapultó a la fama. Allí demostró, por encargo del entonces gobernador Duhalde, que esos muchachos eran culpables (quedando implicados de todos modos Yabrán y la maldita Bonaerense) y logró “sacarle de encima el muerto” al entonces candidato presidencial del PJ.

Ahora Burlando vuelve. Y, como dicen los que saben, lo hace cada vez que la Bonaerense o alguno de sus integrantes está en problemas.

Quien lo acercó a Carola Labrador, la mamá de Candela, fue nada menos que Julio César Grassi, el sacerdote condenado por abuso sexual de menores que hoy goza de plena libertad y sigue manejando hogares de niños. Justamente los mismos tribunales de Morón que resolvieron su caso de la forma más favorable (condenado por las evidencias pero en libertad) son los que hoy tienen a su cargo el caso de Candela.

Gracias a la amistad que uniría a Grassi con Carola, éste ofició de intermediario y su amigo Burlando aceptó tomar el caso.

A pesar de declarar que “no le cobrará un peso” a la familia es claro que el trabajo de Burlando tiene un precio. Por eso ya deben ser varios los que están aportando a la “vaquita” para que el coqueto letrado haga su trabajo lo más prolijamente posible.

La aparición del abogado Burlando vendría a confirmar, en última instancia, que la corrupción y las vendettas serían parte constitutiva del caso, el que a esta altura tiene como única prueba irrefutable el cadáver de una nena de 11 años.

Investigar a los “investigadores”

Hoy los canales de TV muestran las fotos de Candela y los titulares dicen al unísono que hay que saber la verdad. Sin embargo esos grandes medios no dejan de hacer su gran aporte para empantanar el caso. Mientras C5N, Crónica y otros grandes medios aliados del oficialismo difunden el relato construido por la propia Bonaerense implicada en todos los delitos, los opositores como Clarín y La Nación prefieren no meterse demasiado en las zonas oscuras de la causa para no bajar el tono de su permanente campaña por “seguridad” y mano dura policial contra el pueblo pobre.

Por su parte, los abogados defensores denuncian que sus clientes son víctimas de acusaciones falsas y hasta de apremios por parte de la policía, pero repiten que hay que “confiar en la Justicia” y que la presencia de Burlando en el caso es “garantía de seriedad”.

En este contexto, la política del gobierno nacional y su Ministerio de Seguridad no tiene otro objetivo que fortalecer aún más el aparato represivo. Nilda Garré no se cansa de afirmar que con más patrulleros, balas y radares habrá menos narcotráfico, trata y crimen organizado. Más allá de las palabras, queda en evidencia que, cuanto más se profundiza el poder represivo del Estado, casos como el de Candela, como el de Luciano Arruga, el de Julio López y tantos otros se suceden impunemente.

Y esa impunidad seguirá en pie mientras miles de oficiales, comisarios, agentes de inteligencia y militares que actuaron en la Dictadura sigan en funciones (como los 9.026 bonaerenses que se mantiene activos desde hace más de treinta años). Asesinatos aberrantes como el de Candela seguirán siendo el pan de cada día mientras el enorme aparato de represión y muerte que encarnan las fuerzas de seguridad se mantenga intacto.

Esas bandas armadas, que constituyen la auténtica inseguridad para el pueblo trabajador, son irreformables. Por eso hay que disolverlas.

Ninguna investigación en manos de esas instituciones criminales podrá llegar a la verdad. La única forma de lograr el esclarecimiento de estos crímenes atroces es poniendo en pie comisiones investigadoras independientes del Estado, conformadas por los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y personalidades consideradas intachables por el pueblo trabajador, que tengan plenos poderes para investigar, recabar pruebas y determinar quiénes son los responsables ideológicos, materiales y políticos de estos aberrantes hechos y de la impunidad que sobre ellos se despliega.

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