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Editorial

Las AFJP son un robo, el proyecto oficial no es solución

El oficialismo debió hacer concesiones para asegurarse el apoyo de la CGT, la CTA y sumar como aliados a defensores de los jubilados como la diputada María América González y su bloque del SI, así como a Claudio Lozano.

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6 de noviembre 2008

El oficialismo debió hacer concesiones para asegurarse el apoyo de la CGT, la CTA y sumar como aliados a defensores de los jubilados como la diputada María América González y su bloque del SI, así como a Claudio Lozano. Las modificaciones en el proyecto de ley agregan que los fondos no podrán ser invertidos en el exterior, pero mantiene vigente las condiciones de las inversiones permitidas previstas en la ley 24.241 votada en 1993 cuando se privatizó el sistema provisional. Es decir, dan vía libre al gobierno para comprar bonos, letras del tesoro, que permitirán financiar la deuda pública, así como destinar crédito a empresas estatales o privadas, y para obras de infraestructura. La segunda concesión a pedido de sus aliados de izquierda es la creación del “Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” cuyo objeto será “el monitoreo de los recursos del sistema” y en el que participarán representantes del Poder Ejecutivo, de la CGT y de la CTA (una utilización de esta central a quien ni siquiera le otorgan la personería como tal), las cámaras empresarias, bancarias y de los jubilados. Así y todo, el Ejecutivo tiene poder de veto para decir quién entra y quién no a una comisión que sólo podrá jugar un rol de contralor a posteriori de lo decidido por el gobierno sobre la utilización de los fondos. Y esto en un proyecto donde los grandes ausentes son los más de 6 millones de trabajadores que están fuera del sistema, sean desocupados, trabajadores en negro o aportantes esporádicos, que ni siquiera reciben la jubilación mínima que roza los 700 pesos, la que no se prevé incrementar y mucho menos restituir el histórico 82% móvil.

Nuestra lucha es por un sistema previsional público bajo gestión obrera directa. Es decir administrado por representantes que elijan, en forma democrática, los propios jubilados y las organizaciones de los trabajadores. Un sistema que restituya los fondos robados por los bancos dueños de las AFJP en estos años, del aumento de los aportes patronales y la eliminación del trabajo en negro. Un sistema público de gestión directa con una garantía del Estado basada en la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y el cese de los pagos de la deuda externa, para cubrir las necesidades de jubilaciones para todos.

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