Para el pensamiento oficial, los banqueros y el resto de los acreedores deberían aceptar ganar el 7% anual (cuando las tasas internacionales están al 2%) o jugarse a no cobrar nada. Los bancos y las AFJP radicadas en el país, que tienen en sus carteras el 40% de los bonos existentes, podrían en principio aceptar, ya que el gobierno los amenaza con obligarlos a poner en sus balances los valores reales de los bonos y no los nominales como hasta ahora (una diferencia de casi el 50% que llevaría los resultados a pérdida). Además se van a ver beneficiados con el uso de las tarjetas de débito para la "ayuda" social, porque se va a producir una fuerte bancarización en el país, con el consiguiente incremento del número de cuentas bancarias abiertas. A las AFJP, pese a las rebaja del 6% de los aportes, les garantizan seguir robando con las comisiones. En los próximos días o semanas se sabrá si los tenedores extranjeros aceptarán el "convite".
La garantía que quiere ofrecer el gobierno para los nuevos bonos de la deuda es la recaudación impositiva, particularmente el impuesto al cheque (5.000 millones), que iría a una cuenta especial que no podría ser tocada por el fisco para sus gastos ordinarios. En marzo pasado, cuando el Congreso le dio los superpoderes a Cavallo, los diputados habían rechazado permitirle poner la recaudación y los activos del Estado como garantía para los acreedores. En aquellas sesiones, Elisa Carrió había amenazado con acusar a quienes votaran afirmativamente de "infames traidores a la patria". A una semana de los decretazos, esta incansable luchadora por "un capitalismo serio" se llamó a un silencio devoto.
El Plan Brady (1989) intentó una "solución global" al tema de la deuda con la garantía de las empresas públicas, lo que resultó ser un pingüe negocio para los banqueros y acreedores. Doce años después, con 50 mil millones más de deuda, Cavallo y De la Rúa lanzan un nuevo y desesperado intento, pero a diferencia de entonces, ya se vendieron casi todas las "joyas de la abuela " y el flujo de capitales de los países imperialistas a los emergentes desapareció al calor de la crisis económica y financiera mundial. Por lo que la garantía esta vez debe comenzar con la recaudación, dejando en manos de un puñado de financistas parasitarios la soberanía elemental de cualquier tipo de estado. Se trata de un verdadero estatuto del coloniaje, que nada tiene que envidiarle al empréstito con la Baring Brothers de mediados del siglo XIX o al Pacto Roca - Runcinman en los 30. La bancarrota de las economías provinciales comenzó cuando, con el aval de todos los gobernadores del PJ, se puso a la coparticipación federal como garantía de sus deudas. Los bancos tienen libre acceso para manotear esos fondos, incluso a parte de las regalías generadas por las provincias petroleras. Los empleados públicos provinciales ya comenzaron a conocer los frutos de esta infame entrega. Ahora ya vinieron por más.
Pese a esto, esta garantía por sí misma podría no alcanzar para hacer atractivo al canje. Y "los aportes del FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo por 8.000 millones, si llegan, resultarían insuficientes para una operación de tanta magnitud" señala el Ambito Financiero (8/11). Por su parte, para varios analistas el mantenimiento a rajatabla del déficit cero "trabaja en la dirección opuesta a una recuperación del crecimiento económico, por lo cual no atrae flujos de capital y llevará al país a una recesión y a una deflación más profunda" (ídem).
Ya son muchos los economistas que trabajan para los acreedores que plantean que la solución está en "reinyectar liquidez por la fuerza" con una devaluación del peso.
Los trabajadores tenemos que saber que cualquiera de las variantes que resulten del "nuevo" plan Cavallo, significará una guerra total contra nuestros medios de vida y los de la mayoría del pueblo.