La intervención del gobierno en la bancarrota de la papelera Massuh de Quilmes es una muestra de todo lo que puede ofrecer su “plan anticrisis”. Después de 4 meses de lucha de los trabajadores, y en medio de la campaña electoral, el gobierno se vio obligado a intervenir. Pero en lugar que el industrial vaciador responda con sus ganancias, bienes y patrimonio acumulado para salvar las condiciones de empleo y salario de 800 trabajadores y sus familias; se lo rescata con los fondos de la Anses, es decir de los jubilados, y del Banco Nación con un monto que rondará entre 4 a 5 millones de dólares para evitar la quiebra.

Como denunciaron los delegados de la planta, el grupo que preside Héctor Massuh, referente de la UIA, “constantemente implementaron estrategias para no hacerse cargo de las deudas y vaciar la compañía”: el año pasado ya recibieron un préstamo de u$s 40 millones para reactivar la producción, y luego declararon que no podían pagar salarios ni mantener los empleos. “La compañía les debe entre 7 y 8 mil pesos por persona, y que hasta el momento la única medida que llevó a cabo el Gobierno fue ofrecer un bono de $150 por semana para que puedan intercambiarlo por mercadería en Carrefour” (Crítica, 13/5). Sin embargo, al grupo empresario de la llamada “burguesía nacional” y “productiva”, el Estado le pagaría encima un alquiler por dos años y, en cambio, se postergan los pagos de salarios adeudados que Débora Giorgi y Guillermo Moreno “se comprometieron a garantizar”. En tanto, los trabajadores papeleros pagarían los costos, “en cuotas”, resignando el cobro de salarios adeudados para “evitar los despidos”; el gobierno promete que “se buscará un inversor privado”, o la vuelta del propio estafador Massuh, para ofrecerle el negocio saneado (algo que probablemente la crisis capitalista mundial tornará imposible). Lo contrario a lo que debería ser una nacionalización de la empresa, sin pago ni indemnización alguna (es decir, una expropiación de los expropiadores), y su puesta en funcionamiento bajo administración obrera directa. “El jefe soy yo”, dijo Guillermo Moreno, que integrará el Directorio de la planta con viejos gerentes del grupo: “Acá el único que decide quién se queda y quién se va soy yo....Desde mañana, como decía el sabio General: de casa al trabajo y del trabajo a casa”. El intendente de Quilmes y candidato “testimonial” “Barba” Gutiérrez (UOM) refrendó el acuerdo, y uno de los funcionarios de la Municipalidad integrará el directorio.

Esta es la “intervención del Estado en la economía” y “el modelo” realmente existente de Kirchner y Scioli que llaman a defender desde la lista de diputados oficialista la dirección de los sindicatos, como el abogado de la CGT, Héctor Recalde. O, en la Capital, donde la vice ministra de Trabajo Noemí Rial (UPCN), Julio Piumato (Judiciales), Claudio Palmieri (taxistas) o Tito Nenna (CTERA), son la “columna vertebral” de una lista que tiene un banquero a la cabeza, Carlos Heller (Creedicoop) que aplicó el Corralito en el 2001.

La cúpula de la CGT ante el agotamiento del “modelo K”

Ha sido notoria la participación de las distintas direcciones de sindicatos de ambas centrales en las listas electorales, en especial las del oficialismo. Pero esto es sólo un signo de la crisis y de la debilidad de aparato del gobierno, la necesidad de los capitalistas de apelar a la colaboración con la cúpula de los sindicatos para hacer pasar los salvatajes a las patronales y hacer pagar la crisis a los trabajadores.

Así son los acuerdos de suspensiones con rebaja salarial que hacen los dirigentes en el Smata con las multinacionales automotrices, mientras General Motors, Mercedes-Benz y Peugeot-Citroën- negocian con la Anses el financiamiento de parte de sus operaciones por un total de 250 millones de pesos, amén de los subsidios que ya reciben del Estado para el pago de salarios. Esta colaboración puede incluir, incluso, cargos en directorios de las empresas “intervenidas” ante la bancarrota, para que la burocracia sindical se haga cargo de la gestión capitalista en la crisis a cambio de nuevas prebendas. Ya se vio que después del vaciamiento de la francesa Aguas Argentinas, la dirección sindical que conduce José Luis Lingieri de Obras Sanitarias, entró al directorio y participa con el 10% de las acciones de AySa, creada por los Kirchner. El fenómeno de “la burocracia empresaria” se propagó en los ‘90 durante Menem cuando, en sentido inverso, las empresas del Estado vaciadas pasaban a precio de remate a los capitalistas privados, y se dio la colaboración entre una capa alta de burócratas sindicales y los gerentes del capital financiero, como lo sintetizó la dupla entre Jorge Triacca y María Julia Alsogaray en la privatización de Somisa a manos de la trasnacional Techint de los Rocca (uno de los padres del actual “modelo”) y con participación en las acciones para la cúpula de la UOM local. La versión criolla de la Perestroika (nombre que dio Gorbachov en la Unión Soviética al pasaje de la burocracia gobernante a socia del capital); creó toda una elite privilegiada de dirigentes sindicales con participación en las ganancias de las empresas, al mismo tiempo que millones de trabajadores quedaban por fuera de los convenios colectivos de trabajo y de toda representación sindical o directamente engrosaban el desempleo de masas, una hiper-burocratización de los sindicatos. El fenómeno recorre transversalmente todas las fracciones de la CGT, por ello es que en el palco del acto del 30 de abril estuvo el ex–menemista Lezcano del sindicato de Luz y Fuerza, que comenzó a ocupar cargos co-gerenciales o directamente empresarios -como en la mina de Río Turbio en la provincia de Kirchner-, sigue participando en las nuevas empresas eléctricas impulsadas en la actualidad. Incluso es de prever una mayor participación de la cúpula de los sindicatos en la gestión del Estado capitalista, como muestra la puja entre la titular Ocaña y los hombres de Moyano por ocupar el Ministerio de Salud.

Los sindicatos estarán cada vez más sometidos a una doble tensión en la crisis capitalista. Desde abajo, la bronca y la presión de los trabajadores que sufren despidos y recortes de salario, y desde arriba la cooptación del Estado y los ataques patronales. La misma burocracia sindical que en épocas de crecimiento aparece negociando a favor de los trabajadores en la puja por la “redistribución de la renta” y hasta con un barniz de introducir “reformas” favorables (los varios proyectos de leyes con que amagó tantas veces el diputado Recalde), se transforman en auxiliares del capital en sus momentos de crisis. Los obreros de Pilkington de Munro acaban de triunfar contra el plan de despidos masivos, después de dos meses de dura lucha, con movilizaciones y piquetes, y enfrentando a las patotas de barras bravas enviados por la patronal y el sindicato. La lucha por recuperar los sindicatos para los trabajadores es inseparable de un programa opuesto al de colaboración con los empresarios de la elite privilegiada que los dirige.

La CTA entre el oficialismo y el impulso a nuevos “Frepasos”

El paro convocado por la CTA para el 27 de mayo, que llamamos a desarrollar y extender hacia los sindicatos de la CGT, está limitado porque su dirección no quiere desarrollar un plan de lucha con continuidad para enfrentar la gravedad de la crisis. “El plan de acción consistía en una primera medida que fue la movilización nacional del 22 de abril y ahora procedemos a convocar, tal cual lo habíamos resuelto, al paro nacional, ante la falta de respuesta del Gobierno, que ni siquiera convocó a la Central a discutir ninguno de estos temas”, indicó Hugo Yasky en un comunicado de prensa de la central. La convocatoria al paro surge del compromiso entre las dos alas de la dirección de la CTA: unos en la oposición como De Gennaro y otros en el oficialismo como los dirigentes de la CTERA en la Capital; ambos necesitan, luego del protagonismo que adquirió la CGT con la concentración en la 9 de Julio, reposicionarse ante el escenario pos electoral para ser tenida en cuenta en las negociaciones. La fórmula de “un modelo distributivo que termine con la desigualdad social”, como dice el lema de la CTA, sirve tanto para presionar al gobierno de Kirchner como para alentar la oposición de centroizquierda de Pino Solanas o el semiK Martín Sabbatella. Ambas alas de la dirección de la CTA son un obstáculo para que los trabajadores puedan constituirse en una fuerza políticamente independiente, capaz de ser el factor decisivo en torcer el rumbo de los acontecimientos. Por eso vuelven recurrentemente a reeditar variantes del tipo del Frepaso, donde la fuerza de los sindicatos es usada de muletas para figuras que no tienen partido ni organización. Ninguno de estos dirigentes de la llamada centroizquierda ha logrado consolidar una fuerza política más que pasajera: se retiran de uno de los partidos tradicionales, cuando este se desgasta, para caer más tarde en los brazos de otro bando capitalista. Ese fue el periplo de Chacho ˜álvarez que viró de militar activamente por la asunción de Menem en el ‘89 (como también lo hizo Pino Solanas) para terminar en la Alianza que reflotó a la UCR del conservador De la Rúa. Como Víctor De Gennaro y Pino Solanas que comenzaron alentando al Kirchner “nacional y popular” pos 2001, para terminar emblocados con la Federación Agraria, fuerza de choque de la Sociedad Rural en la puja por la renta sojera.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores, Anticapitalista y Socialista que el PTS encabeza junto a los compañeros del MAS e Izquierda Socialista, sostiene en su plataforma común que “apostamos a que la fuerza social que expresan los trabajadores en su lucha, organización y peso social, tenga también una expresión en el plano político, como una alternativa que plantee una salida a las necesidades imperiosas del conjunto de la sociedad ante el decadente capitalismo semicolonial argentino. Buscamos evitar que el desgaste del gobierno sea capitalizado por las variantes patronales de derecha o por callejones sin salida como el que plantean las variantes de centroizquierda. Tenemos que aprovechar la instancia electoral del 28 de junio para plantear la necesidad de lograr la independencia política de la clase trabajadora”.