Las pequeñas subas que anuncia el gobierno en las asignaciones familiares o en el tope del “mínimo no imponible” del impuesto a las ganancias, son fuegos de artificio para esconder la resolución más importante: clausurar toda reapertura de las paritarias para evitar los aumentos salariales. Esta es la respuesta de los Kirchner ante los reclamos de distintos sectores empresariales que piden que se “mantenga la rentabilidad conquistada”. Todos las mediciones, salvo las del INDEC, dan una inflación anual de un 30% que desbordaron hace rato los aumentos pactados por la CGT y la CTA. La situación es aún peor para más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras que están en negro y por fuera de los convenios colectivos. Es decir que quiere congelar esta situación del salario que sigue retrocediendo frente a la inflación. Lo mismo hace Scioli en la provincia de Buenos Aires, dispuesto a ceder ante industriales y comerciantes con los impuestos por Ingresos Brutos, pero inflexible ante el reclamo de docentes y estatales que realizan paros y movilizaciones. Mientras tanto, desde el Ministerio de Trabajo se da vía libre a las patronales del neumático como Fate y Pirelli, o a los empresarios del campo como los del ajo de Mendoza, para despedir y perseguir a los nuevos delegados que no acepten los topes salariales y la precarización laboral, o son directamente los propios dirigentes sindicales vendidos los que sancionan a los delegados de base como la UTA en el subterráneo.

Se necesita hacerles frente unificando todas las organizaciones combativas de los trabajadores para apoyar las luchas, defender a los delegados antiburocráticos, y encabezar una campaña nacional para reclamar la reapertura de las paritarias con delegados elegidos en asambleas: por un aumento de emergencia del 35% para todos, por un salario igual a la canasta familiar y por el fin del trabajo en negro y los contratos basura.