Superpoblación carcelaria y crisis social

“El sistema penitenciario está colapsado. El hacinamiento que quedó en evidencia con el motín del penal de la capital cordobesa se repite en más de medio centenar de cárceles del país, con casos en los que la superpoblación llega al 700 por ciento”1.
Este es un nudo de la cuestión. En la cárcel cordobesa había 1700 reclusos, cuando el lugar sólo tenía capacidad para cerca de 800, una superpoblación de alrededor del 100%.
Pero los datos relevados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) del Ministerio de Justicia señalan que “El 35 % de los detenidos estaba desocupado al momento de ingresar al establecimiento, mientras que el 46 % tenía un trabajo de tiempo parcial (..) el 50 % no tenía ni oficio ni profesión al caer detenido. Sólo el 41 % tenía algún oficio y apenas el 9 % alguna profesión(..) el 79 % de los presos tenía formación primaria o menor. Secundario completo sólo el 4 % y terciario o universitario apenas el 1 %2.
Las cifras chocan por su brutalidad: más del 80% de los detenidos en las cárceles pertenecen a ese enorme sector de la clase obrera que son los precarizados y los desocupados (constituyen casi el 40% del conjunto de los trabajadores). Casi el 95% de ellos no terminó el secundario y más del 90% no tiene profesión. Los datos señalan además que el 70% de los detenidos tienen entre 18 y 34 años. Jóvenes pobres y desocupados, con bajo nivel educativo, sin capacitación o profesión. Las cárceles de hallan superpobladas por los hijos del pueblo pobre.
Paradójicamente, mientras este censo registró la existencia de 19.128 casos por robo y/o tentativa, apenas registró 18 por infracción a la Ley Penal Tributaria (evasión fiscal) y sólo 1182 correspondientes a delitos contra la administración pública (cohecho, malversación de fondos públicos, abusos de autoridad, entre otros). La justicia burguesa cumple su cometido de manera firme. Mientras encierra en un infierno3 a los trabajadores, desocupados y sus hijos, que caen en la delincuencia producto de la descomposición y la miseria a la que los lleva el sistema capitalista, los De la Rúa, los Menem, los Corach, los Juanjo ˜álvarez gozan de la más absoluta libertad.
Las cárceles son además uno más de los lugares donde la policía hace negocios, comandando y armando bandas con los presos. Como señala Página 12 “los casos de cárceles –Sierra Chica, Florencio Varela, Batán– en que las autoridades están acusadas de robar la comida destinada a los presos y que era transportada en camiones celulares para su venta en comercios de la zona. Se trata de fraudes millonarios que requieren matones dentro de la cárcel que impongan el orden a los otros presos y los convenzan, si es necesario por las malas, de soportar los restos de comida que les llegan después del desfalco”4

Decadencia burguesa y decadencia social

La situación carcelaria se halla incluso en franca oposición a lo que dicta la “sacrosanta” Constitución burguesa. “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”5 Pero estas son palabras que salen de la boca de un muerto y arrastran con ella la pestilencia.
La burguesía, cuál clase dominante en decadencia arrasa con sus propios actos su pretendida ley. Las aberraciones y la crueldad del sistema carcelario así lo demuestran. Las prisiones son el emblema de un orden impuesto bajo la fuerza bruta. Habiendo arrasado con las conquistas sociales, despojado a millones de sus medios de subsistencia, la burguesía ha enviado a miles a la cárcel. Ellos son el testimonio, la prueba de su incapacidad para seguir dirigiendo la sociedad. Las cárceles son el hueco en la tierra donde la burguesía esconde la miseria a la que ha llevado a millones.

El aumento de la coerción social

La burguesía, a diferencia de muchos intelectuales y periodistas amantes de la democracia, se ha dado cuenta hace ya tiempo de su incapacidad para cumplir sus propias leyes.
El hacinamiento, consecuencia de la superpoblación, se ha agudizado por el aumento de los mecanismos represivos por parte del estado.
En el 2004 hizo su aparición en la escena nacional un sector de las clases medias de derecha, lideradas por Juan Carlos Blumberg. La inseguridad se transformó en el tema nacional.
El gobierno “progresista” de Kirchner, imitando al gobierno de De la Sota (considerado como modelo a seguir por el empresario textil) tomó como propia la agenda que el representante de la “gente como uno” quería establecer: la pena máxima para varios crímenes fue elevada de 35 a 50 años. Se reformó el Código penal y se estableció el fin de las salidas transitorias para los responsables de distintos crímenes. Como señala el periodista Raúl Kollman “las denominadas leyes Blumberg del año pasado (...) dificultan enormemente las excarcelaciones, libertades condicionales o salidas transitorias. Los presos más pesados perdieron cualquier incentivo para “hacer buena conducta” y se convirtieron cada vez en más ingobernables.6
Como si esto fuera poco De la Sota salió a reivindicar la represión el día del motín, que dejó como saldo a ocho muertos y declaró en un discurso transmitido por todos los canales de TV de la provincia que “Tengan la tranquilidad, los cordobeses, que a mí no me tiembla la mano cuando tengo que resolver situaciones como las que hemos vivido…”. Un discurso que generó el repudio de los organismos de DDHH. Después de esto Kirchner se reunió con De la Sota y avalando lo actuado y dicho por el gobernador, le prometió fondos para construir una nueva cárcel.
Estos avances represivos7 son una muestra de que la clase dominante argentina, más allá de los discursos “progresistas”, ante la imposibilidad de darle una salida a los reclamos de las masas pobres, ante su impotencia para solucionar los problemas del pan y el trabajo para millones, opta por reforzar los mecanismos de coerción social. Es decir el aumento del número de cárceles y de la dureza de las leyes.

1 Radiografía de las cárceles argentinas, Página/12, 13/02/05.
2 Idem.
3 “...en el principal penal de Mendoza(...) no hay infraestructura de baño y los presos hacen pis en botellas y caca en bolsitas” (en) Tucumán, la cárcel está un poquito mejor (...) pero tiene 90 años de antigüedad y el último piso está desalojado porque se llueve adentro (..) la falta de colchones adecuados, indicó, es más la regla que la excepción. “Muchos internos tienen colchones de gomaespuma destruidos y terminan durmiendo sobre cartones, cueros y tientos”, señaló. (La realidad es la saturación, Página/12, 13/02/05).
4 Seis claves de lo que pasó en Córdoba, Página/12, 13/02/05.
5 Constitución Nacional Argentina. Artículo 18.
6 Seis claves de lo que pasó en Córdoba, Página/12, 13/02/05.
7 Que no ha sido algo exclusivo de la Nación, sino que el endurecimiento del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires es otro ejemplo.