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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

PLAN SISTEMÁTICO DE ROBO DE BEBÉS

"Muchos salimos del Tribunal con un sabor amargo"

El jueves 5 se dictó sentencia en el juicio oral contra una decena de genocidas, entre ellos los ex presidentes Videla y Bignone, en una causa sobre el plan sistemático de robo de recién nacidos sustraídos a las detenidas desaparecidas en maternidades clandestinas. Entrevistamos a Vicky Moyano.

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12 de julio 2012

"Muchos salimos del Tribunal con un sabor amargo"

El jueves 5 se dictó sentencia en el juicio oral contra una decena de genocidas, entre ellos los ex presidentes Videla y Bignone (1), en una causa sobre el plan sistemático de robo de recién nacidos sustraídos a las detenidas desaparecidas en maternidades clandestinas. Tras un año de audiencias y testimonios, parte de este puñado de represores recibió condenas en su mayoría leves y hasta hubo dos absoluciones. Mientras a Jorge Rafael Videla le dieron 50 años, al entonces jefe de la Armada, Rubén Franco, se lo absolvió por “falta de pruebas”.

El juicio se basó en 35 casos de niñas y niños robados (2), los que en estas décadas salieron a la luz por exclusivo mérito de las víctimas y los organismos de derechos humanos.

Hablamos con María Victoria Moyano Artigas, nieta restituida y querellante en la causa. Vicky nació en “El Pozo” de Banfield y sus padres pasaron por varios Centros de Detención del Circuito Camps (sur del Conurbano). Es miembro del CeProDH y militante del PTS.

¿Qué pensás de la sentencia?

El juicio fue muy largo. De hecho sus inicios se remontan a 1996. Un juicio donde todo lo debimos probar tanto las abuelas como las víctimas.
La sentencia es contradictoria. Por un lado se reconoce el “plan sistemático de robo de bebés”, una carátula que nosotros queríamos. Para nosotros la sentencia tenía que reflejar eso. Siempre afirmamos que acá hubo un genocidio contra la clase obrera y los sectores populares y, que como parte de él, hubo un plan sistemático para robarle hijos a esos sectores. Siempre se habían juzgado por apropiaciones individuales, pero nunca como plan.

Sin embargo muchos salimos del tribunal con un sabor amargo. Sólo le dieron 15 años a Bignone, uno de los altos mandos de las juntas militares. La apropiadora de Francisco Madariaga recibió 5 años. Francisco estaba ahí, con la valentía de estar metiendo presos a sus apropiadores, y se va con ese gusto amargo. Absolvieron a Franco cuando sabemos la responsabilidad política que tuvo por ser otro alto mando. La sentencia deja mucho que desear desde la realidad histórica.

Se habla de plan sistemático, pero se condena sólo a siete militares
Desde el inicio del juicio denunciamos que hubo un plan y que se estaba condenando sólo a los altos mandos. De la desaparición de quinientos pibes no pueden ser responsables siete genocidas. Además de los apropiadores directos hay que condenar a todos los que cumplieron tareas fundamentales, junto al personal civil.

Sectores importantes del empresariado apropiaron bebés y ni uno solo en 36 años estuvo sentado en banquillo de los acusados. Es un escándalo. La Mercedes Benz se apropió de chicos que hoy viven en el exterior. Ni hablar del caso de Ernestina de Noble.

Los médicos tienen una gran impunidad. Y también muchos jueces que fueron de la Dictadura. Para desarrollar este juicio primero debimos correr al juez Sobrino, partícipe en la apropiación de un chico que justamente estaba en este juicio. Un juez que se tenía que investigar a sí mismo. Es muy alto el grado de impunidad con el que cuentan miles de genocidas, entre ellos esos jueces. Y algunos ocupan roles importantes en tribunales orales, en cámaras penales, que hoy dictan sentencias como contra los delegados combativos de Kraft y de la Zona Norte.

¿Hubo algún aporte del Estado en estos años para que los chicos recuperen su identidad?

Cuando vemos las campañas que dicen “si dudas, buscá tu identidad”, nos preguntamos cómo puede ser. Acá hubo un Estado que desapareció a nuestros viejos, que implementó todo un aparato para que nos apropiaran, pero pasan los años y somos nosotros los que tenemos que dudar, hacer la denuncia, si nos animamos hacer el estudio de ADN y, si todo coincide con una denuncia de algún familiar, puede que encontremos nuestra identidad.

¿Y por qué pasa esto?

Porque no quieren entregar los archivos de la Dictadura. No los que ahora se discute si fueron o no quemados por los genocidas, sino los que ningún gobierno, desde Alfonsín hasta los Kirchner, quiso entregar: las nóminas públicas de quienes revistieron en maternidades y centros clandestinos. Si supiéramos quiénes actuaron en esos lugares los podríamos investigar, imputar y encarcelar. Pero se está cuidando a sectores de poder que se siguen beneficiando con este modelo económico, como los empresarios de Ford o de la Mercedes Benz. Vemos lo que implica meter en el banquillo de acusados a Blaquier. Estos sectores son los que el gobierno defiende, por más que diga que quiere avanzar con los derechos humanos. Atrás de un discurso, de una bajada de cuadros, de decir que se quiere ser un ejemplo internacional, la realidad es que no se quiere acabar con la impunidad. Hace 36 años venimos demostrando qué hubo un genocidio y un plan de apropiación de bebés pero queda sobre nuestra responsabilidad saber el destino de nuestros hermanos y padres.

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