Después de un año y medio de la reapertura de la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la zona de Neuquén y Alto Valle, el 9 de marzo, el Juez Guillermo Labate ordenó la detención de Oscar Lorenzo Reinhold y de Enrique Braulio Olea. Ambos fueron responsables del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" que funcionó en el Batallón de Ingenieros de la Sub zona 52 del VI Cuerpo del Ejercito1. Estos genocidas, que habían sido beneficiados por la Ley de Punto Final 23.049, fueron detenidos en la zona de Campana y en la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Las detenciones se suman a la del represor Luis Alberto Farías, la semana pasada, luego de que intimidara a dos sobrevivientes-testigos de la causa, y que las organizaciones de DD.HH de la región junto a los obreros ceramistas y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales diéramos una respuesta inmediata.
Los tres genocidas están acusados por una sumatoria de delitos individuales. A Olea se lo acusa por 6 homicidios, 16 privaciones ilegales de la libertad y 16 casos de tortura. Reinhold: 9 homicidios, 40 privaciones ilegales de la libertad y 36 torturas. Además, la Fiscalía solicitó que se los indague por "asociación ilícita2".
Desde El CeProDH sostenemos que los represores deben ser acusados por lo que son: genocidas. Son genocidas porque formaron parte del plan de exterminio de todo un grupo nacional compuesto por aquellos luchadores que eran un obstáculo para la instauración del plan económico que rigió en el país durante las últimas décadas. Para ello fueron apoyados y acompañados por empresarios, funcionarios de la Iglesia, médicos, intendentes, intelectuales, que son sus cómplices y también deben ser juzgados. La acusación por asociación ilícita le quita el contenido político a la imputación, porque pareciera que fueron un par de locos "delincuentes" que se juntaban por un interés "particular" a cometer delitos. Está probado que fueron miles de militares y cómplices civiles los que formaron parte de una estructura genocida. Por ello, no creemos que seamos nosotros los que debamos probar tal o cual delito individual para que vayan presos. Deben estar todos en la cárcel, y, en todo caso, ser ellos los que tienen que demostrar que no pertenecieron al plan genocida. Ello cobra mucha más vigencia luego del fallo a Etchecolatz. Por eso la batalla en esta causa es que se los acuse y procese por genocidio, a ellos y a los 41 imputados restantes en el camino de lograr encarcelar a todos los genocidas y sus cómplices.

1 Reinhold fue Jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Infantería y Olea fue Jefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó "La Escuelita".
2 El artículo 210 del Código Penal reprime: "al que tomare parte de una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Y agrava la pena de los Jefes u organizadores."
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Multisectorial Neuquén

La multisectorial de Neuquén se autoconvocó ante la amenaza a los testigos por el represor Farias, tomando la resolución de formar una comisión para la protección de los testigos amenazados y para discutir qué acciones haríamos este 18 de marzo, a 6 meses de la desaparición de Julio López. Se decidió convocar una gran concentración unitaria en la Plaza de Cipolletti (ciudad donde viven los testigos amenazados) para exigir al gobierno nacional la aparición con vida de Julio López y el desmantelamiento del aparato represivo, y continuar realizando acciones en el marco de la causa para lograr la cárcel a todos los genocidas.