(CeProDH, 07-04-10) María Victoria Moyano nieta restituida y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH), se presentó ayer en la Procuración General de la Nación, y declaró: “presenté una denuncia contra jueces de la dictadura Wagner Gustavo MITCHELL, actual miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, y que se desempeñó como Juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción nro. 16; José Domingo ALLEVATO, abogado. Que se desempeñó como titular de la Secretaria tutelar del referido juzgado y Jorge MARTINEZ SOBRINO, actual Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, que se desempeñó como titular de la Secretaria de Actuación también del mismo Juzgado. Éste último se encuentra a cargo del juicio que debe examinar la causa conocida como Plan sistemático de robo de bebes y lo más grave es que ha participado de los hechos que pretende juzgar. Los tres han actuado en el secuestro y la apropiación de Simón Riquelo. En esta presentación pedimos en primer lugar que se investigue y se aparte de los juicios a dichos magistrados.

Como venimos denunciando existen 400 jueces de la dictadura que permanecen en funciones, que se los debe juzgar y encarcelar a cada uno ellos por ser cómplices y responsables del Genocidio en Argentina. Exigimos al Gobierno la apertura de los archivos de la dictadura para que aparezcan los 400 hermanos que aún no han encontrado su identidad .Estos jueces ocultan información, falsean documentación y actúan en complicidad con las fuerzas represivas, con los grupos económicos como en el caso de Ernestina Herrera de Noble y con el poder político que los mantiene en la impunidad.

Queremos decir que en este marco, el 29 de marzo apareció asesinada Silvia Suppo, la testigo clave de la causa contra el ex juez federal Brusa, y que, como ocurrió con el caso J. Lopez, desde los poderes ejecutivo, judicial y policial, se intenta despistar para que siga el manto de impunidad.

Ce.Pro.DH

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos