El Gobierno lanzó el PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino), un plan para la construcción de 400 mil viviendas en cuatro años, con préstamos de hasta $350 mil, con tasas de interés entre 2 y 14% y con plazos de pago de entre 20 y 30 años y con fondos del Anses, es decir con la plata de los jubilados (mientras el 80% cobra la mínima de $1600)

Un plan insuficiente

Más de 300 mil personas iniciaron el trámite el primer día. El anuncio abrió expectativas entre los sectores populares, sobre todo aquellos que poseen un pedazo de tierra para construir. Mientras que aquellos que no tengan terreno, la gran mayoría de los asalariados, deberán contraer otro crédito que se adjudicará por sorteo para el loteo de 1.820 hectáreas que proporcionará la ONABE en diversas zonas del país, previo a un plan de ahorro de un año. Que el acceso a la vivienda quede librado al azar de un sorteo de la Lotería Nacional habla de la seriedad del plan. Además, el gobierno reserva “zonas preferenciales” para sectores con ingresos de $30 mil mensuales que en realidad pueden conseguir crédito en cualquier banco y tienen mayores posibilidades de acceso a terrenos. Sin embargo, estarán excluidos los trabajadores en negro: el 64% de los obreros de la construcción se encuentran vedados de acceder al plan.

La falta de vivienda convive con un boom inmobiliario. Entre 2001 y 2010 se incrementaron de 1,1 a 2 millones los hogares con inquilinos, mientras millones de viviendas permanecen deshabitadas por la especulación de los grandes grupos inmobiliarios en los barrios más coquetos del país.

Muchos anuncios de planes…pocas viviendas

El déficit habitacional llegó a 3,5 millones de viviendas en 2010, unas 500 mil más que en 2001. El plan anunciado ni siquiera alcanza a revertir el déficit generado por el “modelo” K.

El PRO.CRE.AR estará a cargo de un Comité Ejecutivo donde participará, además de Bossio de la Anses y el vice ministro de Economía, Kicillof, la Secretaría de Obras Públicas bajo control de José López y Abel Fatala, los mismos que consintieron el fraude de Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En 2006 el “Plan Inquilinos” otorgó créditos a tasa fija que dos años más tarde pasó a una variable, triplicando la cuota. En 2009, CFK anunció el programa “El crédito para tu casa” financiado por la ANSES. El Banco Hipotecario admitió que se concedió solo el 17% de lo anunciado. En 2010, el gobierno lanzó el “Plan Nacional Casa Propia”. Hoy las autoridades guardan silencio sobre sus resultados. Con estas experiencias como “modelo” están por verse los resultados del nuevo plan.

Negocios para todos

Los créditos estarán subordinados a los proyectos de las grandes constructoras y su “voluntad” de invertir. Obviamente, los grandes monopolios asociados a la “patria contratista” como los grupos Minetti, Aluar, Loma Negra, Roggio, Techint salieron a saludar la medida y se disponen a hacer grandes negocios, como hacen con la obra pública. Los gobernadores, con Scioli a la cabeza, e intendentes ya encontraron la “veta” para aprovechar los recursos frescos mediante la “cesión” de tierras fiscales provinciales y municipales.

Una tarea de los trabajadores

Tierra y vivienda fue el grito en el Parque Indoamericano y en Ledesma que demandaban miles de familias de los estratos más bajos de la clase trabajadora con el saldo de seis compañeros asesinados por las fuerzas represivas de Macri, CFK y Barrionuevo. Para solucionar integra y efectivamente el problema habitacional es necesario poner en pie un verdadero plan de obras públicas bajo gestión de los trabajadores que provea vivienda digna a todos los que necesitan, financiado con impuestos progresivos a los terratenientes y a los grandes empresarios y el no pago de la deuda externa. Asimismo, es necesario parar los desalojos y urbanizar todas las villas y asentamientos con un plan elaborado junto a sus pobladores. En lo inmediato, los alquileres y las cuotas de los créditos no deben superar el 20% del salario mínimo de los trabajadores. Hay que pelear por una reforma urbana sobre la base de la expropiación de las grandes propiedades de la Iglesia, los bancos y los grupos inmobiliarios, como así también de las grandes empresas proveedoras de insumos para la construcción, para garantizar el techo a quien no lo tiene.