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Derechos Humanos

Pacto de impunidad entre Alfonsín e Isabel Perón

15 de febrero 2007

En mayo de 1984 el presidente Raúl Alfonsín promovió en el Congreso una ley (la 23.062) que instituía una amnistía particular para Isabel Perón. Según esta norma ningún juez podía juzgar a la ex presidente por los delitos cometidos durante su gobierno ya que fue echada por un golpe militar y no por medio de un juicio político. Expresamente decía que “los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión, por ausencia del presupuesto representado por el desafuero parlamentario o juicio político previstos constitucionalmente”. El 13/6/1984 se promulgó la ley votada por los bloques del PJ y la UCR. Isabel quedaba bajo el amparo de una amnistía encubierta ya que en sus tres artículos se instituía la impunidad de la ex presidente, extensiva a todos los legisladores e integrantes de los poderes constitucionales anteriores al golpe de 1976. En criollo, la amnistía alcanzaría no sólo a Isabel sino a personajes que al día de hoy actúan en la arena política como Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.
Para esas fechas Alfonsín pregonaba la “unidad nacional” para aunar esfuerzos entre los partidos patronales y poder lanzar un plan de austeridad y contra el pueblo luego del endurecimiento del FMI con el país. Necesitaba además ponerle un freno a la amenaza de huelgas de los trabajadores y los sindicatos. A cambio de la amnistía Isabel firmó junto a la UCR el Acta de Coincidencias1 y cuando se reunió con los dirigentes de la CGT, Ubaldini y Triacca, les dijo “eviten la anarquía gremial, la huelga salvaje. Si no, vamos a detener el país y terminaremos entregándoles los gremios a la izquierda” (Tiempo Argentino 27/5/84). De paso recomendó a los diputados peronistas que iban a interpelar al ministro Grinspun sobre la deuda externa “que gradúen el clima con un balde de cal y otro de arena” (La voz, 23/5/84).
En sus declaraciones recientes ante la Justicia Alfonsín volvió a exculpar a Isabel de toda responsabilidad con respecto a la Triple A afirmando que esta organización había empezado a operar en el país “con anterioridad a la presidencia de María Estela Martínez de Perón” y que la causa judicial no prosiguió luego de la muerte del ex ministro de Bienestar Social José López Rega, debido a “la no ubicación de otros responsables”. Como denuncia el periodista Horacio Verbitsky en Página 12 del domingo pasado “los responsables son dos muertos y ninguna viva”...
En sus últimas declaraciones Alfonsín también negó “la absurda especie de que existiera algún acuerdo, expreso o tácito, destinado a que no se investigaran los hechos ocurridos antes del 24 de marzo” de ese año. El cinismo de los políticos patronales no tiene límites si no fuera porque no es novedad la colaboración del radicalismo en la dictadura al igual que la del peronismo para no hablar la que tuvo con el gobierno de Perón e Isabel. Cuando se trata de garantizar la impunidad a los represores la UCR siempre está lista. No podemos olvidar que fue Ricardo Balbín, presidente del partido radical quien acuñó el término de “guerrilla fabril”, culpando a los activistas obreros y a las ffábricas combativas del desorden social a fines de 1975, tiempo en el que no ahorró elogios a las FF.AA (que comenzaron a intervenir con el Operativo Independencia, a inicios de 1975).

1 En junio de 1984 la UCR e Isabel, presidenta del PJ firma el Acta de Coincidencias Democráticas junto al MID, PDC, FIP, manriquistas, conservadores. El 18 de julio el PC y el PI sumarán su firma a este acta.

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