Ninguno de los secuestradores de Luis Gerez ha sido identificado. El gobierno, que desestimó la hipótesis de secuestro de Julio López, 100 días después reconoce que son grupos de ultraderecha, que esta vez actuaron contra un militante kirchnerista, que utilizan el método del secuestro y la desaparición para frenar el proceso de juzgamiento a los genocidas de la dictadura. Kirchner dijo por cadena nacional que estos “extorsionadores” están integrados por paramilitares y parapoliciales. ¿Quiénes son? El gobierno no lo dice. Pero es impensable que puedan actuar tan libremente si no tienen alguna cobertura de sectores actualmente en funciones en las fuerzas de seguridad del “estado de derecho”. La impunidad no es sólo obra de los gobiernos anteriores. En la actual Argentina de Kirchner, mientras unos pocos genocidas fueron juzgados o están en proceso, el 95% de los militares y policías que actuaron en la dictadura sigue impune, libres o incluso en actividad dentro de las distintas fuerzas. Sólo en la policía bonaerense hay más de 9000 agentes que revistieron durante la última dictadura y sobre los que tienen influencia los torturadores como Etchecolatz o Patti. Como ahora reconocen sectores del propio oficialismo en Escobar “si los secuestradores de Gerez no aparecen es porque la bonaerense no los quiere encontrar”. Lo mismo muestran los más de 100 días de desaparición de López. El gobierno se niega a proporcionar, como lo exigen los organismos de derechos humanos, el listado de los genocidas hoy en funciones en la SIDE, las policías y las Fuerzas Armadas. Encima, como acaba de recordar Hebe de Bonafini “hay 400 jueces de la dictadura” en funciones.

No podemos esperar las soluciones desde arriba porque ellos son parte del problema. Cuando estalló la bronca popular contra la dictadura y cuando esta bronca se multiplicó y se volcó a las calles tras la derrota de Malvinas, los militares se batieron en retirada, pero la movilización de masas no fue lo suficiente como para barrer a los genocidas. Esta democracia amparó y preservó las fuerzas armadas genocidas con Alfonsín, Menem y De la Rúa. Kirchner no resolvió el problema, y la impunidad está presente en su gobierno. La crisis tiene un carácter histórico porque son elementos del mismo aparato armado que hace30 años masacró una generación de trabajadores y estudiantes y que sigue impune hoy, después de23 años de “Estado de derecho” y vuelve a actuar como una amenaza de muerte a los trabajadores y el pueblo.

Se necesita abrir un amplio proceso de movilización de miles en las calles para encarcelar a todos los genocidas, única garantía de parar los secuestros y terminar con la impunidad. Desde el PTS venimos bregando por la convocatoria amplia a una Asamblea Nacional de Lucha contra la Impunidad y la exigencia a las centrales sindicales de un Paro Nacional Activo.