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CAUSA FEBRES: “DIA A DIA RENUEVAN EL PACTO DE IMPUNIDAD”

Pedido de indagatoria al Almirante Godoy

PTS

7 de febrero 2008

El asesinato de Héctor Febres evidenció la situacion de completo privilegio que tienen los pocos genocidas que hoy están imputados en Argentina. ¿qué nos podes decir de esto?

Myriam Bregman: el asesinato del genocida, torturador y violador Héctor Febres no tenemos que verlo como producto de una situación excepcional, sino que es la punta de un enorme iceberg institucional. Puso brutalmente en evidencia distintas responsabilidades institucionales.

¿Cuáles serían estas responsabilidades?

MB: Una primera es la del Poder Judicial, que no sólo mantiene cientos de miembros que fueron parte del aparato estatal genocida, que luego aplicaron durante décadas las leyes de impunidad y los indultos, y una vez reabiertos los juicios por los crímenes de la dictadura lejos están de esforzarse y perseguir esos crímenes sino que el conjunto de su accionar es nefasto. Es concreto, a Febres lo asesinaron porque hay jueces como Sergio Torres y los integrantes del TOF 5, que desmembran las causas, sobreexponen a los testigos, que llevan adelante la investigación como una mera formalidad y que a los poquísimos genocidas que procesan y detienen, le otorgan todo tipo de privilegios como los que gozaba Febres y que terminaron facilitando su asesinato. Todo esto fue denunciado por nuestra querella, Justicia Ya, desde el primer día de audiencias en el juicio a Febres.

También hay una responsabilidad de las propias Fuerzas Armadas y de Seguridad.

MB: Por supuesto; el funcionamiento absolutamente corporativo y jerárquico de la Armada y Prefectura entre ellas, y con aquellos que las integraron durante la dictadura, puede verse desde distintos aspectos. El primero es la demostración de que han actuado planificadamente construyéndole a Febres una especie de jaula de oro para tenerlo conforme pero vigilado, esto abarca tanto al Jefe de la Prefectura Carlos Fernández que visitaba a Febres en su particular lugar de detención, como al Jefe de la Armada Jorge Godoy quien permitía que el genocida Febres estando detenido se fuera de vacaciones a una Base de la Armada. Por eso hemos pedido la indagatoria de ambos en la causa que investiga el asesinato de Febres, por ser las máximas autoridades de dichas Fuerzas. Pero también son responsables porque día a día renuevan el pacto de impunidad guardando silencio hermético no sólo sobre quiénes son los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos sino también sobre el destino de los más de 400 niños apropiados. Es el mismo pacto de silencio e impunidad el que llevo al asesinato de Héctor Febres.

¿Cómo se sostiene tamaña impunidad?

MB: Contradictoriamente, se mantiene en base a un gobierno que hizo del discurso de derechos humanos uno de sus principales pilares para ganar consenso social pero que no tomó una sola medida seria para terminar con esta situación que venimos denunciando. Por ejemplo, este gobierno es responsable en seguir manteniendo ocultos los archivos de la represión, cientos de documentos que permitirían identificar a quienes actuaron en los centros clandestinos de detención y aportar seguramente valiosísima información para dar con los jóvenes que hoy continúan apropiados.

¿Cuáles son los pasos que siguen en la causa en la que se investiga el asesinato de Febres?

MB: Desde Justicia Ya hemos presentado una serie de medidas a la juez Arroyo Salgado que lleva la causa a los fines investigar a fondo las responsabilidades institucionales y gubernamentales que mencionábamos. Como anticipé, hemos pedido la indagatoria del Prefecto Fernández así como la del Almirante Godoy, también medidas tendientes a tratar de obtener información que sea de utilidad.

Ustedes se presentaron como querellantes inmediatamente, asegurando que había sido un asesinato.

MB: En la causa en la que se investiga la desaparición del compañero Julio López tenemos una muestra enorme de hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno a la hora de encubrir hechos como estos, que develan su verdadera política en derechos humanos; que la impunidad sigue vigente en la Argentina.

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