Desde el 21/5 se desató un proceso de movilizaciones en la localidad de Espinar contra la contaminación provocada por la minera a cielo abierto Xstrata. Desde ese día la provincia está paralizada por una huelga general que se ha cumplido masivamente. La movilización popular y el piquete frente a la mina fue rápidamente reprimido por la policía. Los enfrentamientos se prolongan desde hace días y el gobierno del presidente Ollanta Humala mantiene una línea de total intransigencia y escalada represiva.

La policía detuvo a varios de los principales dirigentes y ha utilizado balas de plomo cobrándose la vida de al menos 2 manifestantes (y 100 heridos). Lejos de amedrentar, esto potenció la movilización recrudeciendo los enfrentamientos.

Humala decretó entonces el “estado de emergencia” en toda la provincia por 30 días, o sea el cese de las garantías constitucionales. Esto provocó el ataque policial y la detención del máximo dirigente de las movilizaciones Herbert Huamán, en la puerta del hospital donde cientos de familiares se habían congregado para velar por la salud de los heridos. Hasta el Alcalde de la provincia, Oscar Mollohuanca que apoya el movimiento, fue destituido y detenido.

Las protestas amenazan extenderse

El movimiento comenzó exigiendo que la empresa repare el desastre ecológico y ambiental, y que pague más impuestos del actual (y provocador) 3%, al 30%. Luego de la represión y 10 días de conflicto, la lucha se radicaliza y reclama el cierre directo.

Junto a esto, continúa la lucha en la provincia de Cajamarca contra el mega proyecto minero Conga que provocó a fines de 2011 una gran movilización y fuertes enfrentamientos. A partir del 31/5 está convocada una huelga general en toda esa provincia.

Al gobierno lo salvan sus amigos

La situación para el gobierno es complicada ya que la confluencia de ambos conflictos amenaza de hecho con nacionalizar la protesta. Además, mineros de otras empresas se encuentran en huelga por reclamos salariales, condiciones de trabajo y contra las persecuciones gremiales. Sin embargo la burocracia sindical, dirigida por el Partido “Comunista”, está jugando un rol funesto limitándolas a reclamos corporativos. A nivel nacional, la central obrera CGTP, también dirigida por el PC, aunque critique las acciones más brutales del gobierno, se niega a romper con Humala poniéndose en los hechos en un papel traidor, como ya jugó en Cajamarca.

Minería, el principal negocio de los capitalistas

En los últimos años, de la mano del boom de materias primas que ha vivido Latinoamérica, la economía del Perú tiene su principal sostén en la minería.

De esta manera, la movilización está golpeando el centro de la economía y de los intereses de los monopolios imperialistas y sus socios burgueses nacionales. Por eso Humala responde con represión sin casi margen de negociación.

Un acelerado desgaste del gobierno

Ollanta había asumido en julio de 2011 venciendo a la derecha en segunda vuelta. Su figura, construida con un aire de “progresismo nacionalista”, había conseguido el apoyo de casi todas las organizaciones sociales, sindicatos, federaciones estudiantiles, organizaciones indígenas y campesinas, etc. Incluso los que se reclaman trotskistas como la LIT-CI (del PSTU brasilero) y la UIT-CI (IS de Argentina) vergonzosamente llamaron a votarlo “críticamente” en segunda vuelta contra Keiko Fujimori.
Tras pocos meses de gobierno, todo este capital político se está degradando aceleradamente. Como grafica claramente una indígena entrevistada en medio de la represión: “Presidente Ollanta, yo he pedido para que ganes y ahora nos haces matar” (Página12, 30/5). Este es el verdadero rostro del “progresismo nacional y popular” cuando la movilización enfrenta en serio los intereses de los capitalistas. En lo que va de su gobierno, Humala suma ya 10 manifestantes asesinados.

Los límites del movimiento

A pesar de la creciente radicalidad, el de Espinar constituye de conjunto un movimiento policlasista donde tienen peso sectores pequeño burgueses acomodados y funcionarios del estado provincial. Esto lo expresa sobre todo su programa: aumento de los impuestos a la minera. O sea, negociar mejores condiciones en la entrega de los recursos y explotación de la mano de obra en beneficio del estado provincial o nacional. De ninguna manera es una salida real al problema, que solo puede venir con la expulsión de los monopolios y la estatización sin compensación económica y bajo control obrero y de comités de la población. El aprovechamiento o no de los recursos naturales debe ser discutido democráticamente a través de las organizaciones obreras y populares en lucha, a favor de los intereses de las masas, no de los capitalistas. Es la única manera que los recursos se aprovechen de forma “sustentable” reduciendo al mínimo su impacto ambiental.
Para que estos sectores afectados brutalmente por la explotación capitalista no sean arrastrados por falsas alternativas reformistas (“ecologistas”) o directamente burguesas. Para enfrentar a la burocracia sindical que trata de dividir entre “la fuente de trabajo” y la defensa de la tierra, sus recursos y el medio ambiente. La clase obrera a la vez que enfrenta la explotación de sus patrones debe tomar en sus manos las reivindicaciones de estos sectores explotados y oprimidos y plantear una salida anticapitalista.