El escándalo desatado en el PAMI a raíz del enfrentamiento entre el gobierno y los barrionuevistas, dejó al descubierto la podredumbre de quienes administran los fondos de la obra social de los trabajadores jubilados más grande del país.
El ejecutivo presionó hasta el límite de la intervención y llegó a coquetear con Moyano para lograr que la CGT accediera a reemplazar a sus dos directores. De esta manera, quedó bien posicionado frente al reclamo generalizado del pueblo, harto de funcionarios que se enriquecen mientras los jubilados mueren por falta de atención.
Los afiliados al PAMI y sus trabajadores conocemos bien a estos personajes que se han hecho millonarios con sus curros. Los ahora caídos en desgracia Hermoso y Petrecca, integraron el directorio de Alderete acompañando la política de tercerización de servicios y la liquidación de los mecanismos de control interno. A partir de allí el vaciamiento se profundizó con la Alianza y quienes le siguieron. Pero sería ingenuo pensar que sólo se trata de corrupción individual.
El Pami tiene un padrón de 3.300.000 afiliados, con un presupuesto anual de $ 2400 millones aportados por el descuento compulsivo a trabajadores activos y pasivos. Si bien no es un organismo estatal ya que se autofinancia, su conducción fue intervenida 17 veces durante los 32 años que tiene de vida y el estado se reserva los dos principales puestos del directorio cuando está normalizado. Estos mecanismos se usaron para desviar fondos a Economía como hizo Cavallo o para fortalecer las redes privadas en desmedro del sistema de salud público. La colaboración de la burocracia sindical en todas sus alas, fue funcional a los distintos gobiernos para llevarlo a cabo, no sólo en el PAMI, sino también en las obras sociales sindicales sobre las que tienen el control absoluto. Como lo hicieron con las AFJP, participaron activamente de las “reconversiones”, mediante los convenios con empresas en la que ellos mismos tienen acciones y llevándolas al borde de la quiebra (UOM, UF, aeronáuticos, etc).
El PAMI es importante para el gobierno por el gran volumen de prestaciones que contrata, ubicándolo en una posición casi monopólica para fijar precios en el mercado. Necesita tener el pleno control del presupuesto y para ello someter a las camarillas que hoy lo manejan, pero en realidad es incapaz de ir hasta el final más allá de sus declaraciones. El mejor ejemplo es que este directorio, acusado de mafioso por el Ministro de salud Ginés Gonzalez, es el mismo que hace unos meses atrás elogiaba como “modelo”, después de una elección trucha donde votó sólo el 10% del padrón.
El acuerdo final con “los Gordos” (y que le permite preservar sus intereses) refleja el apuro del gobierno por disciplinar a las alas díscolas y aprovechar las expectativas creadas para avanzar en sus propios planes que poco tienen que ver con las necesidades reales del afiliado, como la “regionalización” que podría dejar en manos de los gobernadores la administración de los fondos. Seguramente caerán algunos de los convenios más escandalosos pero eso no significará el fin de los negociados con los prestadores que es el núcleo duro de la corrupción en el organismo.
La recaudación sobra como para que el sector más desprotegido de la población tenga acceso a una atención más que digna, así como la probada capacidad de sus 11.000 empleados, los únicos que sostenemos las pocas prestaciones que quedan. Los trabajadores debemos prepararnos para defender nuestros puestos, mientras peleamos por recomponer el salario y la homologación del convenio colectivo de trabajo, luchando junto a los jubilados por un directorio integrado por representantes democráticamente elegidos de los trabajadores y afiliados, sin ingerencia del estado, ni burócratas corruptos. Esa es la única salida de fondo para que el PAMI se ponga al servicio de los jubilados.