Un día después que el gobierno de los Kirchner dejó trascender en los principales medios de comunicación la amenaza de estatizar el comercio de granos, sus voceros hablaron de que sólo se conformaría una empresa mixta que intervendría en el mercado como un “actor más” .
Finalmente, archivó por ahora el proyecto para terminar poniendo la firma en un acta-acuerdo con las patronales agrarias, donde se le hacen importantes concesiones a los productores de trigo, leche y carne. Pero no sólo se le cayó la careta al gobierno, sino que sirvió para desenmascarar, una vez más, quién es quién en la Mesa de Enlace. Era lógico que los oligarcas ganaderos de la Sociedad Rural y los capitalistas agrarios de la CRA que tienen una relación privilegiada con las grandes comercializadoras de granos pusieran el grito en el cielo ante los anuncios, pero la nota la dio la entidad amiga de Pino Solanas, Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y de toda la izquierda que apoyó al “campo” (PCR, MST, Izquierda Socialista): la Federación Agraria Argentina. Esta vez apareció firmando una solicitada junto a otras 27 entidades patronales donde “rechazan enfáticamente la posibilidad de que se establezca un sistema estatizado y monopólico”. Entre los firmantes se encuentra el Centro de Exportadores de Cereales integrado por multinacionales como Cargill a quien el dirigente de la FAA Eduardo Buzzi acostumbra señalar –para la tribuna- como los principales enemigos del pequeño productor.

En la pelea que está abierta con los capitalistas agrarios y en el marco de la crisis económica internacional, el gobierno se vio obligado a jugar con la idea de la nacionalización del comercio granario. Se estaba tocando un punto clave, que hace a un problema estructural histórico de la Argentina semicolonial basada en la exportación agropecuaria: la concentración del comercio de granos en manos de un puñado de empresas monopólicas y extranjeras que dominan el mercado. Su implementación implicaría comenzar a afectar la rentabilidad de uno de los sectores que más gana en este país. Que esa no era la intención del kirchnerismo lo vienen demostrando seis años de gestión, donde más allá de los discursos contra la “oligarquía destituyente”, las patronales agrarias fueron grandes beneficiarias del “modelo K”. Desde el 2003 en adelante las ganancias de los que exportan cereales y oleaginosas crecieron exponencialmente, en un 150%.

El poder de las 7 grandes

Durante la conferencia de prensa realizada por los funcionarios gubernamentales luego del acuerdo con el campo, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, dijo que el Gobierno no descarta la creación de un ente que intervenga en la comercialización de granos. Pero conformar una empresa capaz de “fijar y regular precios” para garantizar la “seguridad alimentaria” a la población como aventuraron los voceros oficiales es como mínimo un planteo utópico, donde a lo sumo el gobierno, terminará negociando una pequeña parte del mercado junto a los grandes pulpos. Cargill, ADM, Bunge y Born, Nidera, Dreyfus, Toepfer y Noble manejan el 86% de las exportaciones de granos. Cuentan con puertos propios, sus propios silos para acopiar, y muchas de ellas concentran además parte de la producción agropecuaria ¿Qué tipo de regulación de precios puede haber sin tocar a las siete grandes cerealeras? Cuando estas grandes empresas, como el caso Bunge y Born es al mismo tiempo dueña de 260.000 hectáreas, ¿qué precios puede fijar el Estado cuando sólo tiene capacidad de almacenaje para 30 millones de toneladas granos, no tiene aceiteras propias, y ni siquiera se plantea renacionalizar los puertos en manos de estos mismos pulpos?
¿Quién le pone el “cascabel al gato” si no se afecta la propiedad de estas empresas que son parte de los grandes formadores de precios del país y que hicieron sus ganancias trasladando los aumentos de sus productos al bolsillo popular? En un artículo del economista Zaiat publicado en Página/12, se denuncia que en el tercer trimestre de 2008 las utilidades e ingresos de explotación de las empresas dedicadas a alimentos y bebidas, rubro donde inciden los exportadores de granos y cereales, se elevaron alternativamente de 303,5 a 362,2 millones de pesos, y de 4892 a 6695 millones. El periodista concluye que este alza del 37%, es un porcentaje que se acerca a la inflación que tuvieron esos productos que castigaron los bolsillos de trabajadores y jubilados.

La experiencia del IAPI (y de Perón)

La medida más profunda en lo atinente a intervención del Estado en la economía fue tomada durante el primer gobierno de Perón, con la creación del IAPI. Este organismo estatal que centralizaba las operaciones del comercio exterior pudo, entre otras funciones, durante los tiempos de bonanza económica, regular el precio del trigo al interior del país. Pero cuando estalla la crisis en 1949, por la caída de los precios internacionales de los cereales, ya no sólo favoreció a los capitalistas amigos del peronismo, con todo tipo de corruptelas, sino que terminó profundizando su papel de subsidiador de los grandes productores privados, amén de endeudar en enormes cantidades al Estado. En ese entonces, el IAPI profundizará más su entrelazamiento y dependencia de los monopolios nacionales y multinacionales imperialistas. Muchos de ellos son los mismos que actúan hoy en el mercado y eran dueños de los acopiadores, fletes y puertos.

Tanto ayer como hoy, para que sea el pueblo trabajador quien se beneficie de la renta agraria hay que luchar por imponer el monopolio del comercio exterior para que el Estado concentre toda la compra de la producción de granos, combata la anarquía del mercado, y pueda resolver qué productos son convenientes dedicar a la exportación luego de haber garantizado las necesidades de la población, una alimentación barata y de calidad, además de otorgar un precio justo a los pequeños productores. Pero para que esta medida sea duradera y efectiva necesita de la más amplia y decidida movilización del pueblo ya que se trata de afectar directamente la ganancia de los grandes capitalistas y los terratenientes, unidos por intereses a las grandes comercializadoras.
Ellos apelarán al sabotaje, a través de la promoción del mercado negro y del desabastecimiento de los productos esenciales. Enfrentarlos seriamente implica avanzar en la expropiación y la nacionalización bajo control de los trabajadores de todos los grandes propietarios de tierras, de los grupos agrícolas financieros y de las grandes empresas cerealeras, aceiteras y frigoríficos.

Las limitaciones del nacionalismo burgués peronista estuvieron en el hecho de que jamás se expropió a la oligarquía terrateniente y a la gran burguesía agraria como tampoco a las grandes comercializadoras, responsables del atraso del país. El peronismo intentó, en última instancia, una conciliación “imposible” con los terratenientes y los capitalistas del campo, los mismos que en 1955 dieron el “golpe gorila” bajo el aliento del imperialismo norteamericano. Si este es el balance del peronismo ¡qué se puede esperar del kirchnerismo!

Una medida de autodefensa nacional

La crisis capitalista actual y sus secuelas en la economía nacional señalan a la nacionalización del comercio exterior y de la banca, bajo control de los trabajadores, como medidas claves para la autodefensa nacional, para evitar la fuga de capitales y la especulación de los grandes exportadores que se quedan con un tercio de la renta agraria del país. Para avanzar en esta perspectiva hay que apoyarse en los trabajadores y particularmente levantar las demandas de los más de 1.400.000 peones rurales que este gobierno ninguneó, durante todo el conflicto con el “campo” y que subsisten trabajando para los empresarios de la tierra en gran parte en negro y con leyes que datan de la dictadura militar. La clase trabajadora tiene que tender lazos de solidaridad y levantar un programa que defienda los intereses de los campesinos pobres que están siendo despojados de sus tierras por la “frontera” sojera. Este es el camino para forjar una alianza obrera y popular para luchar por el único gobierno capaz de enfrentar los intereses de los capitalistas, los banqueros y los terratenientes, reorganizando el país en función de los intereses de las grandes mayorías, un gobierno de la clase obrera y los pobres de la ciudad y el campo.