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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Sin De la Rúa, empezó el juicio por los asesinatos de 2001 en CABA

El martes 24 empezó el juicio oral y público por los asesinatos de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, caídos el 19 y 20 de diciembre de 2001, tras la brutal represión policial lanzada por el gobierno de La Alianza.

Miguel Raider

27 de febrero 2014

El martes 24 empezó el juicio oral y público por los asesinatos de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, caídos el 19 y 20 de diciembre de 2001, tras la brutal represión policial lanzada por el gobierno de La Alianza. Los compañeros asesinados en las inmediaciones de la Plaza de Mayo fueron parte de los 38 caídos (9 de ellos menores) y cientos de heridos que hubo durante esas jornadas en todo el país, cuando decenas de miles se movilizaban en las calles gritando “que se vayan todos, que no que ni uno solo”, hartos de las políticas neoliberales, la miseria y la entrega.

Los imputados son el secretario de Seguridad de ese entonces, Enrique Mathov, el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, seguidos de otros 15 policías, todos acusados de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones de distinto grado en perjuicio de 123 personas. Se estima que las audiencias pueden extenderse dos años pues hay más de 580 testigos para declarar.

La ironía amarga del juicio reside no sólo que llega después de más de 12 años de impunidad sino que el principal responsable de la masacre, el ex presidente Fernando De la Rúa, fue sobreseído, gracias a los buenos oficios del toma y daca entre el gobierno kirchnerista y la Justicia, como acaban de demostrar repartiéndose los principales cargos del Consejo de la Magistratura. La responsabilidad de De la Rúa es irrefutable. Mediante el Decreto 1648/01, De la Rúa impuso el estado de sitio en todo el territorio y dictó la represión indiscriminada contra las movilizaciones, enfrentada valientemente con el cuerpo por las Madres de Plaza de Mayo. Con el pueblo en las calles, De la Rúa decía que era necesario “distinguir entre necesitados y los violentos o los delincuentes”, mientras más de la mitad de la población se hundía por debajo de la línea de la pobreza y las clases medias eran esquilmadas por los bancos. Escandalosamente, ya en diciembre pasado De la Rúa fue absuelto en la causa por las coimas en el Senado del año 2000, cuando varios legisladores del PJ y la UCR votaron la Reforma Laboral antiobrera a cambio de U$5 millones, tal como confesó el “arrepentido” secretario parlamentario de la UCR, Mario Pontaquarto. En este juicio, De la Rúa apenas figura como testigo, a pedido de la fiscalía, aunque también permanecen impunes el ex jefe de Gabinete Chrystian Colombo, hoy un honorable jefe del fondo de inversión D y G y accionista de Camuzzi, y el extinto ministro del Interior Ramón Mestre, quienes legitimaron con su firma el decreto represivo.

Sólo la movilización en las calles puede abrir paso para que efectivamente todos los responsables vayan presos y se pudran en la cárcel.

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