¿Cuál es su opinión de la anulación de las leyes?

GP: Con la emoción que nos provoca el hecho de que se haya sancionado la ley de nulidad absoluta de las leyes de impunidad, porque hay un escollo menos en la pelea de encarcelar a los genocidas, creo que hay que hacer un debate profundo. El reclamo histórico por el cual hemos luchado los familiares y los organismos es por el juicio y castigo a los milicos genocidas, en ese marco la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos era un punto que marcábamos como necesario para poder lograr su juzgamiento. Van 19 años de gobiernos constitucionales y recién ahora se sanciona de esta ley. No es casualidad.
MB: La política de los partidos de la impunidad ha sido, desde la salida de la dictadura, crear un serie de normas y procesos jurídicos para legalizar la libertad de los genocidas, completamente ilegítima para la mayoría de los argentinos. La Conadep, el juicio a las juntas, la instrucción a los fiscales de Alfonsín, el acta de Semana Santa después del primer levantamiento carapintada, ley obediencia debida, punto final, los indultos de Menem, todo fue parte de un entramado que sumaba impunidad. Pero no lograron reconciliar a las fuerzas armadas con la sociedad. Vinieron entonces las reparaciones económicas, incluso los juicios de la verdad y las detenciones (domiciliarias) de algunos emblemáticos represores. Tampoco hubo reconciliación, seguían perdonando la UCR, el PJ. Hoy después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, donde estos partidos vieron tambalear las instituciones, votan esta nulidad a medias como parte de un plan de recomposición de un régimen resquebrajado. Haber logrado la nulidad de las leyes no es una concesión graciosa, es una demanda, a esta altura histórica, que fue tomada por un sector de los partidos de la impunidad y eso es lo que la hace tan controvertida.
¿Qué es lo que la hace controvertida?

GP: En un sentido esta no es la “nulidad” por la que peleábamos. Se sacó de la ley a los indultos, opinamos que como parte de una política combinada de no cuestionar esa monárquica figura presidencial y que su anulación podría significar que inmediatamente debían ir presos los indultados, ya condenados.
MB: Ahora comienza otra pelea. No podemos ser ingenuos, debemos saber que: así como nosotros lucharemos para que una vez sancionada la nulidad los militares y sus cómplices vayan presos por todos los delitos que cometieron y para que se retrotraiga todo a la situación anterior al dictado de las leyes y sean juzgados por genocidio, etc.; los genocidas apelarán a múltiples maniobras jurídicas y políticas para lograr mantener su impunidad.
¿Qué opinan del debate que se está dando en la izquierda alrededor de si esta votación es una maniobra para más impunidad o si es un triunfo popular?

MB: Nuestra posición parte de considerar, como les decíamos antes que el norte de nuestra lucha es lograr el efectivo castigo y en ese marco es necesaria la nulidad. Ello no quita que mantengamos diferencias en cómo actuó Izquierda Unida porque tiene consecuencias. Cuando por la mañana del 12 de agosto el PJ les comunica su voluntad de cercenar el proyecto original que incluía los indultos, IU no opta por apoyarse públicamente en los organismos de derechos humanos, en los que estabamos en la calle y podíamos convocar a más, sino que rápidamente aceptan esa coacción, más grave aún, en su discurso no la denuncian ni en el mismo recinto, de cara a los millones que podían seguir el debate por los medios, llaman a que se trate la nulidad de los indultos, para que frente a la sociedad el PJ tenga que votar en contra. Denunciar la maniobra, sencillamente. Ello hubiese desenmascarado completamente al PJ. Lo contrario los embellece injustamente. Distinto es el caso de Zamora que hizo una denuncia de todo el plan de impunidad en general correcta pero no organizó ni peleó desde afuera por algo superior, tampoco exigió que se trate conjuntamente su propuesta de juicio por jurados.
GP: Quiero agregar que también en ese debate se está borrando el rol de la movilización. A lo sumo se la plantea como un elemento de presión sobre el Congreso. Sabemos que no hay grandes movilizaciones en este momento, y así y todo, por que hubo un 19 y 20 de diciembre, porque se lo echó a patadas a De la Rúa, hoy Kirchner tiene que tomar parte de nuestras demandas para legitimarse y con ello intentar legitimar las vapuleadas instituciones. Pero lejos estamos de confiar en que sin una lucha seria podremos terminar con la impunidad.
Entonces ¿qué plantean?

GP: No se pueden hacer discusiones de laboratorio. De este poder judicial no se puede esperar mucho. Les cuento algo terriblemente ejemplificador. Cuando desaparecen mis hermanos Rosa y Guillermo en el ’77, se presenta un hábeas corpus. Un juez se lo rechaza “con costas”. Era Abel Bonorino Peró, el mismo que ordenó desalojar Brukman. Trágica coincidencia que demuestra que aquellos jueces siguen hoy en funciones y conservando su poder y por supuesto su ideología.
MB: Por eso para que la nulidad sea efectiva y no quedar atados a estos jueces de la dictadura hoy en funciones y a los Bonadío, la única salida en el marco de este sistema es que luchemos por imponer juicios por jurados y la elección de los jueces por voto popular.
¿Qué rol podrían jugar los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos, los ex detenidos?

GP: Podríamos aportar mucho, pues se deberían reanudar todas las investigaciones que no se han profundizado. No es que no sepamos quiénes son los asesinos. Queremos saber sobre sus cómplices y sostenedores. Queremos poder acusarlos y tener las facultades necesarias para investigar a fondo. Formar especies de comisiones investigadoras, por fábrica, por barrio, etc., que podrían aportar valiosas pruebas, que desnudarían que para imponer el plan económico de Martínez de Hoz fue necesario eliminar físicamente a la vanguardia y a los obreros que se organizaban desde su lugar de trabajo. Por supuesto que no queremos una nueva Conadep de notables; deben ser independiente del Estado.
¿Qué opinan de la detención de Vaca Narvaja, Perdía y la orden de captura contra Firmenich?

MB: Ante todo merece nuestro más duro repudio. El juez Bonadío, nada menos que uno de los jueces de Corach y Menem, ni ningún juez tiene la menor autoridad para juzgar si la llamada “Contraofensiva” o cualquier decisión política de las organizaciones que en los ’70 lucharon en el país, fue correcta o no. Eso será materia de discusión en el seno de las organizaciones obreras y populares. Independientemente de las diferencias enormes que desde el CeProDH podamos tener con Montoneros, consideramos que es cuestión de principios su defensa frente a la justicia burguesa y por eso exigimos su libertad incondicional.
GP: Sí, porque además todo esto tiene como objetivo reinstalar la teoría de los dos demonios, teoría que alentaron tanto radicales como peronistas para lavarles las culpas a los genocidas, y que lleva a discutir si hubo responsabilidades compartidas entre genocidas y luchadores. Nosotros decimos claramente que todos los organismos y organizaciones obreras y populares tenemos que repudiar esta medida de Bonadío, más allá de los desacuerdos con Firmenich y sus compañeros, porque no podemos dejar que se siente un precedente nefasto: que es la justicia quien puede dirimir si las acciones de los luchadores estuvieron bien o mal. Eso no lo podemos permitir.
¿Algo más para agregar?

GP: Que tenemos que luchar también por el castigo a los represores de hoy y que no hay reconciliación posible con una institución cuya función es y será la represión y la defensa de este Estado de clase.