Hay que anular la privatización menemista y reestatizar el subte bajo control obrero.

El anuncio del gobierno nacional sobre el traspaso del Subte a la Ciudad de Buenos Aires llevó a todo tipo de especulaciones sobre el aumento de las tarifas y a declaraciones temerarias como las de Macri sobre que el costo del boleto podría llegar a más de tres pesos, funcional al propio gobierno nacional que utiliza la propuesta de máxima de Macri para hacer pasar algún aumento. Lo que sale a la luz es el carácter parasitario de la patronal de los Roggio, que en el subte se viene llevando fortunas gracias a la privatización menemista. No se trata de discutir la “racionalidad” de los montos subsidiados sino quién es el depositario de los mismos y al servicio de quién están. Los trabajadores del subte que hace años emprendimos un camino de lucha, no podemos más que levantar una perspectiva que termine con este negociado y reclamar la estatización del subte bajo el control de los trabajadores y usuarios. “Nunca menos” que terminar con el menemismo.

La primera reunión entre los dos gobiernos para llegar a un “acta acuerdo” fue encabezada por los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio de Vido, por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, entre otros altos funcionarios que van a decidir el futuro de las tarifas que nos afectan a todos, e incluso nuestras condiciones laborales. Una negociación a espaldas de los trabajadores y millones de usuarios que padecemos un mal servicio que nos condena a viajar como ganado en horas pico, con falta de formaciones, falta de mantenimiento y de las revisiones necesarias, escaleras anegadas, filtraciones. Todo es consecuencia de la administración patronal. El diálogo entre ambos gobiernos, que Schiavi destacó como “un esfuerzo compartido” y “en un buen clima”, en el que “trabajamos en toda la agenda que va desde las cuestiones económicas, técnicas, legales, administrativas y laborales”, se basa en un profundo acuerdo: mantener los negociados de los grandes capitalistas haciendo pagar a los trabajadores los costos del fracaso de un sistema de subsidios heredados de la década S.A. menemista que les garantiza alta rentabilidad con baja inversión privada. Así la patronal de Metrovías incrementó sus ganancias sin preocuparse por la mejora del servicio pero sí por mayores aportes estatales. El año pasado el gobierno nacional destinó 706 millones para el funcionamiento del servicio y este año 70 millones mensuales, ¡más del doble que lo que gasta en salarios! Años de aportes millonarios de los fondos públicos que mantuvieron una empresa parasitaria y dejan un servicio en malísimas condiciones. Ahora, cuando el gobierno necesita más “caja” encuentra apoyo en el gobierno de Macri para sostener sus negocios a costa del esfuerzo popular. De paso pone el subte en manos de una administración de la Ciudad que hace gala de espíritu empresario para “lidiar” con la organización de los trabajadores del subte, para que sea él quien intente avanzar en los techos salariales y nuevos intentos flexibilizadores.

Que el subte vuelva al Estado bajo control de los trabajadores y usuarios
Los trabajadores rechazamos este acuerdo que pretende que los sectores de menores recursos que son los que utilizamos el servicio, carguen con el costo de este nuevo viraje de la política patronal. Por eso partimos de rechazar todo aumento de tarifas que castigan a los usuarios y cualquier pretensión de atacar las conquistas de los trabajadores. Contrariamente al acuerdo que tiene el gobierno nacional con el de la Ciudad, exigimos conocer los costos operativos reales del subte, para discutir cual es la verdadera necesidad de los valores tarifarios. Pero esto es imposible mientras Metrovias se encuentre a cargo del servicio. Por el contrario, el Estado, sin financiar a la patronal, debería garantizar un sistema de transporte controlado por los que hacemos funcionar a diario el subte, los que podemos lograr un servicio económico para la población y que pueda destinar los recursos comunes (ya sea de aportes estatales o de excedentes del costo boleto) a una mejora de la infraestructura del servicio. La única salida favorable es la estatización definitiva del Subte con una administración directa por los trabajadores y usuarios. La burocracia de la UTA, fiel a su esencia de organización auxiliar al servicio de las necesidades de las patronales, ya debe estar buscando entrar en los negociados para recoger las migajas que se le caen del reparto. Por eso en la pelea que está planteada es esencial conquistar la plena representación de los trabajadores del subte por su propia organización, la AGTSyP, que se base en las decisiones de los compañeros en asambleas y mantenga plena independencia de las camarillas capitalistas para levantar una perspectiva a favor de los trabajadores y usuarios.

Es necesario, desde la CD del subte y las organizaciones obreras, estudiantiles y políticas comprometidas con la causa de los trabajadores y usuarios, poner en pie una gran campaña para que este objetivo se cumpla.