Como venimos denunciando desde LVO, la construcción del Tren Bala es una verdadera estafa para los trabajadores y el pueblo. El supuesto “salto a la modernidad” no es más que un gran negocio de 4.000 millones de dólares que los Kirchner le entregan al monopolio francés Alstom y al grupo macrista Iecsa.

A propósito de Alstom, el diario económico The Wall Street Journal informó que existen investigaciones con respecto a si la corporación francesa centrada en el negocio de la generación de energía y la fabricación de trenes pagó sobornos millonarios. Según este diario, existen “pagos dudosos” de unos 200 millones de dólares en conexión con proyectos en Venezuela, Singapur e Indonesia, así como con una central hidroeléctrica de 1.400 millones de dólares en Brasil. Alstom habría desembolsado en coimas 6.800.000 u$s para obtener una ampliación del subterráneo de San Pablo.

De los Macri, dueños de Iecsa, no hace falta aclarar nada: ya vienen operando el Belgrano Cargas SA junto a un consorcio chino, el “camionero” Moyano de la CGT, Pedraza de la Unión Ferroviaria y Maturano de La Fraternidad.

Negocios para pocos, penurias para millones

Mientras millones de personas viajan peor que ganado, el gobierno planea gastar 4.000 millones de u$s para el proyecto.

Según un informe elaborado por Proyecto Sur, invirtiendo ese dinero se podrían reconstruir 18.000 km de vías a nuevo (7.000 km para trenes de pasajeros y de carga, y 11.000 más sólo para trenes de carga), y los actuales trenes podrían correr a 120 km por hora (tres veces el promedio de velocidad actual).

Además, podrían adquirirse 300 locomotoras, 900 coches de pasajeros y 15.000 vagones para carga. Los pasajes podrían costar varias veces menos. Se podría llegar a todas las zonas del país (Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro y Patagonia), a todas las grandes ciudades, y a cientos de pueblos que volverían a conectarse con las grandes ciudades, bajando costos de transporte y reactivando las economías regionales. Se utilizaría tecnología nacional y del Mercosur al alcance de las capacidades de nuestro país. Además, se podría reimpulsar la industria ferroviaria nacional generando trabajo con la construcción de vagones, el ensamble de locomotoras y la producción de repuestos.
Hasta aquí coincidimos con esta visión. Pero, ¿Quienes llevarían a cabo la administración?

En el acto de Once (ver recuadro) todos los oradores sostuvieron que los trenes tienen que volver al Estado. Sin embargo ninguno (incluido Rubén ‘Pollo’ Sobrero) planteó quienes los van a administrar.

Ante la desidia capitalista: los trenes bajo administración obrera
Para recuperar el ferrocarril en función de las necesidades de las grandes masas sería un desatino volver al sistema ferroviario anterior a las privatizaciones menemistas. Ese que fue administrado por una banda de burócratas corruptos, que vinculados a distintos grupos capitalistas, hicieron lobby con la tristemente celebre “los FFCC pierden un millón por día”. Hoy el Estado premia a los concesionarios con casi tres millones diarios en subsidios.

Los ferroviarios del PTS en la Agrupación ‘La Bordó desde las bases’ hace años que venimos planteando que la renacionalización de los ferrocarriles debe ser bajo administración directa de los únicos interesados en que los trenes garanticen estabilidad laboral y sean rápidos y seguros: sus trabajadores. Y controlados por aquellos que necesitan un servicio económico, eficiente y cómodo: las grandes mayorías populares, organizadas en comités de usuarios. Sólo de esta manera se podrá lograr una planificación para reorganizar el servicio: impulsar un plan de obras públicas para eliminar los pasos a nivel y evitar accidentes fatales, mejorar las frecuencias, tarifas, etc.