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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

EL KIRCHNERISMO CONTRA LA PROTESTA SOCIAL

Un proyecto de ley a pedir de Cristina

Aunque en los últimos días, a través del Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el Poder Ejecutivo haya querido despegarse del proyecto de ley llamado por la prensa “antipiquetes”, su redacción respondió a una demanda de la presidenta que instó a ello durante su discurso del 1° de marzo en la apertura de sesiones del Congreso, ganándose el aplauso de la bancada del PRO.

Christian Castillo

24 de abril 2014

Un proyecto de ley a pedir de Cristina

Aunque en los últimos días, a través del Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el Poder Ejecutivo haya querido despegarse del proyecto de ley llamado por la prensa “antipiquetes”, su redacción respondió a una demanda de la presidenta que instó a ello durante su discurso del 1° de marzo en la apertura de sesiones del Congreso, ganándose el aplauso de la bancada del PRO. El proyecto no solo fue redactado por un diputado chaqueño bajo auspicio de Capitanich sino que entre sus firmantes están los “ultra K” Carlos Kunkel y Diana Conti. El posterior intento de “despegue” responde a las críticas recibidas, empezando por las que realizamos desde el PTS y el Frente de Izquierda. Incluso hubo cuestionamientos desde las filas oficialistas, como el CELS, Carta Abierta, Luis D’Elía y editorialistas de Página/12.

La iniciativa no es un simple proyecto para limitar cortes de calles o rutas, como dicen. Va contra todo tipo de manifestación popular, con una amplitud para intentar cercenar la movilización y la protesta que lo hace comparable, nada menos, que con el Decreto Supremo N°1086 promulgado en 1983 por la dictadura chilena de Pinochet. El articulado de ese decreto es muy parecido a lo que acaba de presentar el Frente Para la Victoria. Las diferencias son mínimas ya que el decreto pinochetista (aún vigente) sostiene que cualquier manifestación se debe avisar a las autoridades civiles, mientras que el proyecto K obliga a hacerlo ante “representación policial”. Pedir permiso con 48 horas de anticipación facilita directamente el fichaje policial al tener que dar el nombre de un delegado de la movilización para “mediar” con el gobierno. Además, si en el curso de la protesta se comete algún tipo de delito, ésta se transforma automáticamente en “ilegítima”, bastando un infiltrado para lograr tal objetivo. 

Debemos dimensionar el verdadero alcance de este proyecto si se convierte en ley. Los estudiantes secundarios ya no podrían protestar por problemas edilicios o por la falta gas en las escuelas porque para esta ley no se puede interrumpir el derecho básico a la educación. Lo mismo ocurriría en los hospitales si hay un abrazo denunciando la falta de insumos. O con los vecinos que este último verano realizaron multitud de piquetes ante los cortes de luz. Ni hablar de los cortes en Panamericana de los obreros de Kraft que en 2009 enfrentaron los despidos, o los realizados este año para exigir la absolución de los petroleros de Las Heras. O los piquetes del último paro nacional.

Lo que ocurre es que el gobierno enfrenta el descontento creciente de los trabajadores por el ajuste en curso, demostrado en el alto acatamiento al paro del 10 de abril. Un gobierno que tras las elecciones tomó todas y cada una de las medidas reclamadas por los economistas del “establishment” apoyadas por Macri, Massa o el recién lanzado FA-UNEN: devaluación, tope a las paritarias, pago a Repsol, arreglo con el FMI, tarifazos. El proyecto de ley quiere frenar las protestas del pueblo trabajador, generadas por estas medidas que buscan descargar la crisis sobre sus hombros.

Capitanich mencionó a los fiscales que sostienen que esto ya está tipificado en el Código Penal. Pero esto no es así. El artículo 194, usado para criminalizar a quienes cortan rutas y calles es vago y ambiguo. Por eso, mientras hay jueces y fiscales que lo usan contra los luchadores, existen fallos que niegan su aplicación a cortes realizados con fines sindicales o políticos. No olvidemos que ese artículo del Código Penal fue decretado por el dictador Juan Carlos O­nganía en 1968, a todas luces anticonstitucional.

Ante esta avanzada reaccionaria (continuidad del nombramiento de Milani al frente del Ejército y la condena a los petroleros de Las Heras) se impone desarrollar la más amplia movilización. Que posterguen el tratamiento del proyecto hasta setiembre no debe hacernos bajar la guardia. Ganemos las calles contra este intento de limitar la legalidad de la movilización obrera y popular. Desde las bancas del PTS y el FIT pondremos toda nuestra energía para evitar que esta iniciativa se materialice.

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