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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Una emergencia temeraria

Bajo el visto bueno de la derecha y de Cristina, la declaración de emergencia en seguridad pública trazada por el gobernador Scioli incrementará la violencia social del Estado contra los jóvenes pobres, víctimas de los linchamientos, producto de la estigmatización y la criminalización de la pobreza.

Una emergencia temeraria
17 de abril 2014

Bajo el visto bueno de la derecha y de Cristina, la declaración de emergencia en seguridad pública trazada por el gobernador Scioli incrementará la violencia social del Estado contra los jóvenes pobres, víctimas de los linchamientos, producto de la estigmatización y la criminalización de la pobreza. En línea con Duhalde y Carlos “meta bala” Ruckauf, Scioli destinó en un santiamén $600 millones en equipamiento represivo, mientras los docentes tuvieron que hacer 17 días de paro para obtener un salario de $5.000 “porque no había presupuesto”. De paso, la declaración de emergencia permite sortear los procesos de licitación, proporcionando una ayudita a los negocios de los amigos del poder.

Independientemente de los aspectos más bizarros, como la identificación en el casco y el chaleco refractario de los que viajen en moto, la convocatoria a 5.000 retirados de las fuerzas de seguridad resulta temeraria. Si bien Scioli aseguró que serían muy “estrictos” en la selección, los trascendidos periodísticos adelantan que dada la “necesidad” habría disposición para hacer la vista gorda. Gran parte de los retirados fueron exonerados por la comisión de infinidad de delitos, entre ellos los agrupados en los “sin gorra”, implicados en casos de gatillo fácil y torturas, vinculados a los Foros de Seguridad en estrecha relación con las comisarías y las clases medias partidarias de la mano dura. Sólo por faltas graves, en el lapso de un año (2006) fueron separados 2.090 policías. Entre los potenciales aspirantes figuran aquellos que integraron los escuadrones de la muerte contra jóvenes pobres en Ezeiza y Esteban Echeverría, impulsados por el en ese entonces intendente y hoy devenido Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados. No casualmente, tras los motines policiales de diciembre, también fueron concedidas las demandas de impunidad mediante la limpieza de los legajos. Cabe destacar que en 2010, el 25% de los efectivos bonaerenses estaban afectados por sumarios, en tanto el Programa de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia acusó que el 35% de las denuncias comprende a personal de esa corporación mafiosa.

La colaboración que prestarán las más de 700 empresas de seguridad privada que concentran 50.000 agentes añade más espanto. De sólidos lazos con la Justicia, gran parte de estas agencias están en manos de genocidas de la dictadura, discípulos de Camps y Etchecolaz, camufladas bajo testaferros. En ellas se reciclaron bonaerenses retirados, ex carapintadas y hasta personal de la Triple A. Difícil que sean para “servir a la comunidad”.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad (ya barajada por Insaurralde durante la campaña electoral y que obtuvo media sanción en el Senado con el voto unánime del FPV, la UCR y el peronismo disidente en 2009) persigue la búsqueda de un chivo expiatorio, montada sobre la estigmatización de los jóvenes pobres. Según la Procuración bonaerense, la participación de menores en homicidios dolosos no alcanza el 2%, así resulta evidente el rumbo para criminalizar la pobreza.

Los trabajadores organizados en los sindicatos tienen que rechazar estos aprestos represivos (que terminarán damnificándolos) y abrazar la defensa de las franjas más pobres, rompiendo con la política de todos los partidos patronales que aspiran a dividir las filas de la única clase productora para poder reinar mejor aplicando las políticas de ajuste.

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