Con 136 votos a favor, 99 en contra y 1 abstención, fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría, impulsado por el kirchnerismo, sobre la llamada “reforma política”. Para que se transforme en ley falta ahora el voto del Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría.

Si bien se hicieron cambios cosméticos respecto del proyecto original girado por el poder ejecutivo al parlamento, se ha mantenido lo central del proyecto: la realización de elecciones internas simultáneas, abiertas y obligatorias, que implican un salto cualitativo en la injerencia estatal en la vida de los partidos políticos y una proscripción para intervenir en las elecciones generales a los partidos o alianzas que no obtengan el 1,5% de los votos válidos totales en las elecciones internas. Según este dictamen, por ejemplo, votantes ideológicamente de derecha cuentan con la posibilidad de votar para decidir quiénes pueden ser los candidatos de un partido de izquierda, y un partido debería obtener alrededor de 300.000 votos en las elecciones internas para poder presentar candidatos presidenciales. Es claro que las nuevas normas establecidas van dirigidas en particular contra los partidos de izquierda, que podrían quedarse sin candidatos en la próxima elección presidencial.

Aunque el radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO votaron en contra del proyecto, lo cierto es no les disgusta demasiado: su oposición a la ley del oficialismo ha sido meramente formal. En el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados donde se discutió el dictamen finalmente votado, quienes expresamos la principal oposición fuimos los dirigentes de los partidos de izquierda presentes, a pesar que nos negaron el elemental derecho a la palabra en un tema que nos compete directamente. El proyecto allí presentado incluía la publicación en internet del padrón de afiliados de todos los partidos, lo que implicaba poner al alcance de las patronales y gobiernos a los afiliados de los partidos de izquierda, facilitando su persecución política. Las fuerzas de centroizquierda, por su parte, se negaron a impulsar la mínima movilización en rechazo al proyecto.

No nos extraña que partidos como el PJ y la UCR, que han dado intendentes y funcionarios a la dictadura, y que han sido responsables de la decadencia y la entrega nacional (ni hablar de la derecha macrista), sean los que hoy quieran proscribir a la izquierda. Con esta ley buscan fortalecer a partidos que han quedado reducidos a las sumas de camarillas, queriendo reconstruir un bipartidismo que implosionó hace ya varios años.

Por parte del gobierno, implica tratar de conseguir las mejores condiciones frente a la sucesión presidencial del 2011. Pero ningún artilugio electoral puede evitar la crisis de las fuerzas políticas que expresan los intereses de una clase dominante decadente. Fue toda una ilustración que en la mañana del día que votaban el proyecto, que pretendía “el fortalecimiento de los partidos”, se anunciaba que el recién electo gobernador radical de Corrientes iba a apoyar al kirchnerismo en la próxima elección presidencial.

El gobierno también se equivoca si cree que medidas de este tipo van a impedir el desarrollo de la izquierda revolucionaria, que hoy viene jugando un papel muy importante en el desarrollo del llamado “sindicalismo de base”. Hay una clase obrera que se está poniendo de pie y realizando una rápida experiencia política, con sectores avanzando hacia la izquierda y que se han transformado en referencia nacional.

A pesar de todos estos intentos proscriptivos, desde el PTS multiplicaremos nuestras fuerzas para avanzar en la construcción del partido que necesita la clase trabajadora para terminar con sus explotadores.