(Página 12; 13/06/07) El ballottage trajo una impensada unidad de criterio en tres agrupaciones de izquierda. El Partido Obrero (PO), el Frente de Izquierda Socialista (FIS) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) llamaron a todas las fuerzas para impulsar un rechazo común tanto a Mauricio Macri como a Daniel Filmus. Eso sí, la convocatoria la formularon por separado.

“En verdad, al kirchnerismo poco le importa que Macri llegue a jefe de Gobierno, lo que pretende ahora es monopolizar la oposición en la ciudad de Buenos Aires y realizar su objetivo de consagrar una polarización centroizquierda versus centroderecha, es decir, eliminar por completo a la izquierda como posibilidad de desarrollo en el plano político y a partir de las luchas obreras y sociales”, expresó a Página/12 Marcelo Ramal, ex candidato a jefe de Gobierno del PO. Por lo tanto, llamó a “votar en blanco el próximo 24 de junio” y convocó “a una campaña activa de toda la izquierda”.

Por su parte, José Castillo, de Izquierda Socialista, opinó que “ni Macri ni Filmus, en la segunda vuelta hay que votar en blanco o no ir a votar”, y también llamó “a toda la izquierda a hacer una campaña en común”. Según el ex candidato, “Macri se lava la cara pero es amigo del asesino Sobisch y lo apoyan Menem y el ‘mano dura’ Blumberg”. E instó a la izquierda a volver a intentar la unidad con vistas a las elecciones presidenciales.

“En la segunda vuelta el PTS llama a darle la espalda tanto a Macri como a Filmus votando el voto en blanco, impugnando o no votando”, exhortó Christian Castillo, ex candidato a jefe del Ejecutivo porteño. Al tiempo que propuso sumar esfuerzos en la izquierda para el ballottage con esa consigna, el docente universitario evaluó que “Macri ganó gracias a que Filmus y Telerman favorecieron el ‘operativo maquillaje’ que le aconsejaron sus asesores y también capitalizando una posición conservadora de sectores de la población que han recuperado niveles de consumo y reclaman ‘orden’. Ahora Kirchner se acuerda de que Macri fue cómplice de los ‘90, pero el Gobierno no tiene autoridad moral para denunciar esto”.