En los últimos días, Patricia Walsh, tanto en la prensa escrita como en la televisión, sostuvo la necesidad de crear una "nueva policía", aunque, eso sí, "con otro nombre, por la historia que la policía tiene en nuestro país. Podría denominarse ‘fuerza de seguridad’ o algo por el estilo", afirmó durante un debate en un programa de cable. Un "cuerpo de seguridad comunitario con jefe civil y concurso público para selección de personal", dicen en la propaganda electoral del MST, que se limita a plantear el "no traspaso de la Policía Federal" pero nada señala sobre la necesidad de la disolución de este órgano represivo del Estado capitalista, responsable del gatillo fácil y de corruptelas y negocios mafiosos de todo tipo. Es cierto que posturas de este tipo no nos extrañan en el MST, que tiene en este terreno una tradición nefasta: del apoyo a huelgas de los "compañeros policías" a su participación en las marchas en las que el ingeniero Blumberg bregaba por la "mano dura" (en este caso en una actitud compartida por el PO). Pero, en un momento en que las fuerzas represivas están en cuestión por el asesinato de Carlos Fuentealba y de la desaparición de Julio López, no deja de resultar llamativa la adecuación de Patricia Walsh y el MST a la discusión sobre "la seguridad de los porteños" tal como la presentan los candidatos del gobierno y la derecha, apoyados por la gran prensa. Más por venir de una candidata que en otras campañas puso la lucha "contra la impunidad" como perfil principal.
En una ciudad donde la desigualdad social es la más alta del país, con una diferencia de ¡más de 150 veces! entre el 10% más rico y el 10% más pobre, las discusiones de Macri, Telerman y Filmus sobre el control policial por parte del Gobierno de la Ciudad están directamente ligadas a la "agenda" de criminalización de la pobreza y de la protesta social que comparten la derecha y el gobierno, como mostró la votación de los diputados de las "leyes Blumberg". Ellos quieren una "nueva policía" para preservar los intereses de las grandes constructoras y los negocios inmobiliarios; de la banca y los negociados financieros; de las patronales que se benefician del trabajo en negro y los bajos salarios; de las mafias capitalistas del espectáculo y del turismo. Para los trabajadores, discutir "seguridad" es discutir el juicio y castigo para los represores de ayer y hoy; salarios mínimos equivalentes al costo de la canasta familiar; terminar con el trabajo en negro; vivienda para todos mediante una reforma urbana que comience por un plan de emergencia de construcción de viviendas populares; subsidio de $1.500 a todos los desocupados; la reducción de la jornada laboral a 6 horas; y la disolución de la Policía Federal y su reemplazo por una fuerza o milicia ciudadana organizada y controlada por los organismos de derechos humanos y organizaciones obreras, estudiantiles y populares.