“Los informes se dividen en cuatro categorías: política, gremial, universitaria y cultural. Cada día se realiza la esquela con un resumen de cada actividad y se la pasa, a última hora de la noche, por debajo de la puerta de la Secretaría de Seguridad”.
Estas declaraciones pertenecen a tres comisarios retirados que detallaron cómo funciona el Departamento de Inteligencia Criminal (D-2), órgano que depende del Poder Ejecutivo, y que como en la dictadura de Bussi, espía a las organizaciones políticas y sociales. Inmediatamente, Alperovich desmintió las declaraciones de estos tres comisarios asegurando que “en Tucumán vivimos en democracia plena”.
No es una novedad. La persecución y el espionaje a las organizaciones de izquierda y al sindicalismo combativo es una política del gobierno nacional, como se evidenció con el Proyecto X. Y si hablamos de golpistas en funciones, hay que decir que el gobierno de Alperovich no le ha hecho asco a golpistas bussistas como Baillo (asesor de seguridad), o Goane (juez de la corte), hoy parte del oficialismo.
Por otro lado, la política de Alperovich (a tono con el gobierno nacional) fue llenar de cámaras de filmación las calles de Tucumán y aumentar exponencialmente la presencia policial (1 policía cada 170 habitantes). Es esta misma policía que tortura a jóvenes y mujeres pobres en las comisarías, goza de total impunidad con su “gatillo fácil”, encubre y es parte de las redes de trata, la misma que militariza los hospitales cuando luchan los trabajadores de la salud y reprime a los “sin techo”. La que está presente en la Universidad, violando la autonomía universitaria, con el lamentable apoyo de agrupaciones como Nueva Linea (PJ) y Franja Morada (UCR). Resulta sorprendente que haya corrientes de la izquierda que, aún siendo perseguidas, apoyen los paros policiales, propicien la sindicalización de la policía, y reclamen su derecho a entrar a las comisarías a hacer propaganda política, y se nieguen a dar la batalla por expulsar a la policía de la UNT.
Desde el PTS venimos dando la batalla por echar a la policía de la Universidad y exigimos la apertura de todos los archivos y el desmantelamiento del D-2 y todo el aparato represivo, la anulación de la Ley Antiterrorista, y el desprocesamiento de los luchadores. Convocamos junto a distintas organizaciones políticas y sociales a la movilización del 6 de septiembre contra el espionaje y la criminalización de la protesta social.