La nueva campaña contra la “inseguridad” ya se cobró sus primeras víctimas. Después de las marchas reaccionarias de San Isidro y otras localidades, y los proyectos que el gobernador Scioli lanzara para bajar la edad de imputabilidad, empezamos a ver las primeras consecuencias de esta política para criminalizar la pobreza.

El primero de ellos ocurrió en la madrugada de martes 25 de noviembre en Palermo, cuando Fabricio Maccarrone (19 años) y su amigo Lucas (17) fueron heridos por la policía cuando se dirigían en moto al boliche “Mint”. Según los policías, dispararon en respuesta a los tiros efectuados desde la moto. Sin embargo a los jóvenes no se les encontró ningún arma, mientras que la herida del sargento es superficial y no está certificado que se trate de un disparo. Por su parte, uno de los chicos recibió un disparo en una de sus piernas y aún no se sabe si podrá recuperarla. Las víctimas se convierten en victimarios.

El segundo caso fue el de los jóvenes golpeados por los patovicas del boliche “Coyote” de San Miguel con participación policial. La golpiza contra Darío Rojas y sus amigos se originó por “el delito” de divertirse. Darío trabajaba en el frigorífico Rioplatense junto a su padre y un hermano. Una mujer que vio de cerca los hechos, y los tres muchachos que también resultaron heridos por los patovicas contaron que “le pegaron y le pegaron en la cabeza hasta que cayó en el piso. Pero le siguieron pegando aún en el suelo”.

Cuando en el 2004 Juan Carlos Blumberg lanzó su “cruzada contra la inseguridad”, el gobierno aprobó las llamadas “leyes Blumberg”, y los casos de gatillo fácil se duplicaron, aumentaron las torturas en las comisarías, y crecieron los procesamientos a luchadores obreros y populares. Ahora, con el contexto de la crisis económica, el gobierno provincial, con la anuencia del nacional, vuelve a dar como respuesta la criminalización de la pobreza y la juventud. No podemos permitirlo. Hay que seguir el camino de los familiares y amigos de los chicos baleados en Palermo y golpeados en San Miguel que se movilizaron para exigir justicia. En la marcha realizada en San Miguel por el caso de Darío Rojas se hicieren presentes la comisión interna y sus compañeros del frigorífico que acompañaron a la familia y denunciaron la impunidad cuando la víctima es un joven trabajador.

Es fundamental la unidad de los familiares de víctimas de la represión, los organismos de derechos humanos y las organizaciones obreras, en particular estas últimas ya que son los hijos de los trabajadores los que más sufren la judicialización y la represión. Fundamentalmente son los jóvenes los que tienen que enfrentar este flagelo que los tiene como víctimas principales. En los centros de estudiantes, en los barrios, los pibes ocupados y desocupados tienen que empezar a organizarse para frenar esta ofensiva reaccionaria.