En la tarde del jueves 28 la justicia federal dio a conocer la sentencia contra Antonio Domingo Bussi y Benjamin Menéndez por el crimen del senador Vargas Aignase. Después de más de 33 años desde que empezó a operar el terrorismo de Estado en la provincia con el llamado "Operativo Independencia", y sólo gracias a la lucha de los organismos de DDHH, los partidos de izquierda y organizaciones de trabajadores se logró poner en el banquillo de los acusados a estos emblemáticos genocidas. Pero nuevamente esta justicia demuestra que su plan es perpetuar la impunidad, primero por afirmar que lo que sucedió fue una sumatoria de delitos comunes, y no parte de un plan sistemático de exterminio de un grupo social que se resistía a la restructuración económica del país en beneficio de los grandes empresarios nacionales e imperialistas, es decir un genocidio. Ya el juicio mostraba esta treta desde su comienzo al juzgar a solo estos dos personajes y por la desaparición de una sola persona, cuando en la provincia funcionaron por lo menos 25 centros clandestinos de detención por donde pasaron miles de personas.
En segundo lugar en el falló se dejó abierta la posibilidad de que ambos no recibieran la pena de reclusión en cárcel común, como era el pedido generalizado, y se abrió la puerta a que Bussi siga alojado en su Country paquete de Yerba Buena.

Y la bronca estalló. Los más de mil manifestantes derribamos las vallas para expresar el odio más que sentido. 2 horas duraron los enfrentamientos entre la gendarmería y los manifestantes que luego nos dirigimos a la casa de gobierno para señalar donde se encuentran los cómplices de la impunidad. Es el gobierno de Alperovich, fiel sirviente de los Kirchner el que tiene en funciones a colaboradores civiles y militares de la dictadura en su gobierno, todo el país pudo conocerlo a principio de año cuando intentó elevar a la corte suprema de justicia al ex fiscal procesista Sassi Colombres, y todavía hoy esta en esa misma corte Mario René Goane. Tambien Luis Edgardo Ocaranza que estuvo a cargo de un Centro Clandestino de Detención, hasta hace poco cumplió funciones en el Ministerio de Economía. Incluso el silencio sepulcral del gobernador durante todo el desarrollo del juicio muestra a las claras que su intención es la de no perjudicar la relación del gobierno con la base bussista que aún tienen peso, ni con los distintos sectores de la derecha procesista que opera desde el conjunto de las instituciones del estado y fuera de él.
Desde el PTS llamamos a realizar una fuerte campaña para exigir la cárcel común para estos genocidas y para llevar al banquillo a todos los culpables y sus cómplices civiles y de la iglesia que fueron participes necesarios en la elaboración y ejecución del genocidio como quedó demostrado en este último juicio.